Mulino extiende sesiones extraordinarias hasta junio para revisar ley de intereses preferenciales de vivienda

Mulino extiende sesiones extraordinarias hasta junio para revisar ley de intereses preferenciales de vivienda

El presidente José Raúl Mulino firmó el Decreto 125 que extiende las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional hasta el 26 de junio, con el objetivo específico de revisar la polémica Ley 468 de intereses preferenciales para viviendas.

Suspensión temporal de nueva normativa

La medida modifica el Decreto 100 del 8 de mayo de 2025 y añade un punto adicional a la agenda legislativa extraordinaria. Con esta extensión, los diputados tendrán hasta finales de junio para considerar el proyecto que suspende los efectos de la Ley 468 de 2025, que estableció un nuevo régimen de intereses preferenciales para el sector vivienda.

El proyecto legislativo propone restablecer temporalmente la vigencia de la Ley 3 de 1985 hasta el 31 de diciembre de este año, según informó el ministro Jaime Jované.

Diferencias entre ambas normativas

La Ley 3 de 1985, que se pretende reactivar temporalmente, establece intereses preferenciales para ciertos préstamos hipotecarios con el propósito de incentivar la compra de viviendas nuevas e impulsar el sector construcción.

Por su parte, la Ley 468 de 2025 introdujo modificaciones al régimen de intereses preferenciales que generaron controversia en el sector inmobiliario y financiero del país.

Cronograma de implementación

De aprobarse el proyecto, los efectos de la Ley 468 quedarían suspendidos durante el resto de 2025, mientras que su vigencia se reestablecería a partir del 1 de enero de 2026, potencialmente con modificaciones que podrían surgir del proceso de revisión legislativa.

Las sesiones extraordinarias, que originalmente estaban programadas desde el 12 de mayo, ahora tendrán un plazo adicional de más de un mes para abordar esta importante legislación que afecta directamente al sector vivienda y a miles de panameños que aspiran a obtener créditos hipotecarios preferenciales.

La decisión presidencial refleja la importancia que el gobierno otorga a la revisión cuidadosa de esta normativa, considerando su impacto en la economía nacional y en las aspiraciones habitacionales de la población.

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