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La Procuraduría General de la Nación anunció el inicio de una investigación penal tras un incidente ocurrido en la sede de la Fiscalía Superior Anticorrupción, donde se vio interrumpido un acto de investigación en el que participaban auditores de la Contraloría General de la República.
De acuerdo con un comunicado oficial del Ministerio Público, la decisión responde a la necesidad de garantizar la correcta administración de justicia y preservar la separación de poderes, considerada un pilar fundamental del Estado de derecho. La investigación surge a partir de una denuncia presentada por una fiscal superior anticorrupción.
Según lo informado, funcionarios de la Contraloría habrían irrumpido durante una diligencia en curso, impidiendo su culminación. En ese momento, auditores de esa misma institución se encontraban rindiendo entrevistas como parte de una investigación por presunto enriquecimiento injustificado.
El caso en cuestión involucra a un exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, y forma parte de un proceso que se adelanta en el despacho anticorrupción. La interrupción del acto ha generado preocupación dentro del Ministerio Público, que considera estos hechos como una posible interferencia en el desarrollo de las investigaciones.
En su pronunciamiento, la entidad reiteró su rechazo a cualquier tipo de presión externa que pueda afectar el curso de las diligencias judiciales. Asimismo, subrayó su compromiso con el respeto al debido proceso y con el cumplimiento de su función constitucional de investigar y perseguir el delito.
El Ministerio Público no ofreció mayores detalles sobre las posibles responsabilidades derivadas de este incidente, pero indicó que las pesquisas permitirán esclarecer lo ocurrido y determinar las acciones correspondientes conforme a la ley.
