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Una nueva sombra de corrupción se cierne sobre la Caja de Seguro Social (CSS). La Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, luego de descubrirse que más de $2.5 millones en medicamentos e insumos médicos se perdieron entre el polvo y el olvido de las bodegas institucionales.
El hallazgo que destapó el escándalo
La investigación comenzó tras una auditoría interna ordenada por el subdirector de la CSS, Rogelio Gordón, quien revisó los depósitos de Panamá, Divisa y Chiriquí. El resultado fue devastador: miles de medicamentos vencidos, muchos de ellos esenciales para pacientes crónicos, permanecían almacenados sin explicación convincente.
Estos productos pudieron haber salvado vidas o al menos aliviar sufrimientos, pero terminaron en el basurero de la ineficiencia y, quizás, del encubrimiento.
Silencios, omisiones y responsabilidades
La pregunta que retumba es inevitable: ¿cómo puede una institución con un presupuesto multimillonario permitir semejante negligencia?
El exdirector de la CSS, Enrique Lau Cortés, ya había sido advertido. En octubre de 2024, denunció públicamente la existencia de medicamentos vencidos, apuntando directamente a altos funcionarios de su administración: Ana Patricia Cuestas, directora de Compras; Ana Karina Pinilla, jefa legal de Compras; Edwin Montenegro, director ejecutivo de Administración; y Guadalupe Torres, asesora legal de Logística.
Pero más allá de la denuncia, ¿qué medidas se tomaron realmente? ¿Hubo sanciones? ¿O todo quedó archivado bajo el sello de la complicidad y el olvido institucional?
Una licitación bajo sospecha
Mientras los medicamentos se vencían, la CSS preparaba una licitación millonaria por $146.6 millones para adquirir nuevos fármacos. Sin embargo, el presidente José Raúl Mulino intervino y exigió —a través de su cuenta de X— detener el proceso de compra.
¿Coincidencia o reflejo de una estructura corrompida que se repite?
El propio Mulino justificó su decisión asegurando que era necesario revisar las compras del Seguro Social para evitar despilfarros, pero el hecho de que $2.5 millones en medicinas hayan expirado sin uso alguno sugiere que el problema no era solo de planificación, sino de una cadena de negligencias con olor a corrupción.
Una nueva licitación en marcha… ¿más de lo mismo?
Ahora, tanto la CSS como el Ministerio de Salud (Minsa) trabajan en una nueva licitación que supera los $300 millones, con la promesa de garantizar el suministro de medicamentos por un periodo de tres a cinco años.
No obstante, el país se pregunta: ¿qué garantía existe de que los errores —o las irregularidades— no se repitan?
Un patrón que se repite
Este escándalo no es aislado. Es el reflejo de una institución enferma, donde la ineficiencia, la falta de control y la posible corrupción se combinan con la indiferencia burocrática.
Mientras tanto, los asegurados siguen haciendo largas filas en farmacias sin medicamentos, mientras millones de dólares en insumos caducan en silencio.
La Fiscalía ya revisa la documentación de las compras y los tiempos de almacenamiento. Pero la ciudadanía exige más: que se determinen responsabilidades, que haya sanciones reales y que no se repita la vieja historia de “nadie sabía, nadie vio, nadie pagó”.
