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El director de la CSS explica que la reforma aumentará en un 50% las pensiones del sistema creado en 2005, mientras mantiene intacto el sistema solidario y pospone la decisión sobre la edad de jubilación.
«El modelo es muy simple; la verdad que no sé por qué se complica tanto», afirmó Dino Mon, director de la Caja de Seguro Social (CSS), al referirse a las modificaciones introducidas por la recién aprobada Ley 462 del 18 de marzo de 2025, que reforma el sistema de pensiones panameño.
La nueva legislación, que modifica varios artículos de la Ley Orgánica de la CSS, no incluye el controvertido aumento a la edad de jubilación que proponía inicialmente el Ejecutivo. Esta decisión queda aplazada para los próximos seis años, cuando la nueva Asamblea Nacional deberá analizar si es viable mantener o modificar los actuales parámetros: 57 años para mujeres y 62 para hombres.
«Cada año se van a hacer auditos actuariales y en seis años, un audito tripartita adicional, y en seis años, la nueva Asamblea decidirá sobre la edad de jubilación, si toma las recomendaciones o no», explicó Mon.
¿Qué cambia realmente con la reforma?
Según el director de la CSS, la reforma no afecta al Subsistema Exclusivamente de Beneficio Definido (SEBD), conocido como «sistema solidario», en el que se encuentran todos los actuales pensionados y aproximadamente 600 mil cotizantes.
«Las reformas contempladas en la Ley 462 modifican las pensiones que el mismo pueblo ha tildado como pensiones de hambre», señaló Mon, refiriéndose al Sistema Mixto creado en la reforma de 2005 durante el gobierno del expresidente Martín Torrijos.
El nuevo sistema, denominado «Capitalización con Garantía Solidaria», reemplaza al Sistema Mixto y, según Mon, «mejora las pensiones en un 50% porque se capitaliza un 50% más».
Esta modificación busca garantizar pensiones más dignas para los futuros jubilados, mientras mantiene intactos los beneficios de quienes pertenecen al sistema solidario anterior a 2005.
Para evaluar la sostenibilidad del sistema, la dirección de la CSS contratará a tres entidades que realizarán análisis actuariales periódicos, cuyos resultados servirán de base para las decisiones que tome la Asamblea Nacional en 2031 sobre la edad de jubilación.
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