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Una sofisticada red de corrupción que operaba desde el interior del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Ministerio de Salud (Minsa) fue desmantelada por la Fiscalía Anticorrupción tras desviar $556,543 de fondos estatales mediante un esquema de simulación de cobros a empresas privadas.
La operación, denominada «Operación Acrópolis», culminó con la detención de diez personas: dos funcionarios del MEF, dos del Minsa y seis particulares. Los arrestos se realizaron simultáneamente en las provincias de Panamá, Panamá Oeste y la región de Azuero.
El Modus Operandi de la Red Criminal
Según las investigaciones del Ministerio Público, los funcionarios corruptos ejecutaban un plan meticulosamente diseñado para desviar fondos públicos. El esquema funcionaba de la siguiente manera:
Los implicados enviaban correos electrónicos oficiales a diversas instituciones estatales, anunciando supuestos «cambios» en los números de cuenta de empresas privadas que mantenían compromisos financieros con el Estado. Esta información falsa provocaba que los desembolsos se dirigieran a cuentas personales controladas por los miembros de la red criminal.
Una vez que el dinero llegaba a estas cuentas, los fondos eran distribuidos rápidamente entre otras cuentas bancarias para dificultar el rastreo. Para dar apariencia de legitimidad a estas transacciones, los involucrados falsificaron documentos públicos que respaldaban los pagos fraudulentos.
Investigación Iniciada por Denuncia Interna
La investigación se puso en marcha el 18 de enero cuando el propio MEF presentó una denuncia tras detectar irregularidades en los pagos. Esta denuncia interna fue crucial para iniciar el proceso investigativo que culminó con el operativo de detención.
La Fiscalía Anticorrupción ahora ha solicitado información bancaria detallada de los diez implicados para establecer la trazabilidad completa del dinero y determinar si existen más personas involucradas en la red criminal.
Otras Investigaciones en Curso
Paralelamente a este caso, la Fiscalía Anticorrupción mantiene activas varias investigaciones por presuntos actos de corrupción en diversas instituciones públicas:
En el Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible (Conades), cuatro personas ya han sido imputadas por peculado en el programa de Sanidad Básica, con una posible lesión patrimonial estimada en $8 millones.
También se investigan posibles actos de corrupción en la Autoridad Nacional de Descentralización, el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu), el Ministerio de Educación (Meduca) y nuevamente el Minsa.
Proceso Judicial en Marcha
Los diez detenidos fueron presentados ante un juez de garantías a las 2:00 p.m. del día de ayer para la formulación de cargos y la aplicación de medidas cautelares correspondientes. El proceso judicial determinará las responsabilidades penales de cada uno de los implicados en este esquema de corrupción que afectó las finanzas públicas del país.
Este caso representa un ejemplo significativo de cómo la corrupción puede infiltrarse en las instituciones públicas más importantes del país, pero también demuestra la capacidad de las autoridades para detectar y perseguir estos delitos cuando existe la voluntad política y los mecanismos adecuados de control interno.
