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La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de suspender el estudio de impacto ambiental del controvertido proyecto Puerto Barú, una decisión que marca un momento decisivo para el desarrollo portuario en la región occidental de Panamá.
El fallo, emitido mediante el edicto N° 3556 del 30 de diciembre de 2024, desestimó la petición presentada por organizaciones ambientalistas como el Centro de Incidencia Ambiental de Panamá (CIAM) y Adopta el Bosque Panamá, que buscaban frenar la Resolución N° DEIA-IA-0003-2024 del Ministerio de Ambiente.
El proyecto, que contempla una inversión privada de 250 millones de dólares, incluye el dragado de un canal de 31 kilómetros en una zona que alberga la cuarta parte de los manglares del país. Las proyecciones indican que generará 1,200 empleos durante su construcción y 1,000 más en su fase operativa.
La decisión judicial ha dividido opiniones. La Cámara Marítima de Panamá respaldó el fallo, argumentando que fortalece la seguridad jurídica y el potencial logístico del país. Por su parte, la Cámara de Comercio destacó la importancia de la inversión estadounidense para el desarrollo regional.
El estudio de impacto ambiental, aprobado en enero de 2024 por el entonces ministro Milciades Concepción, autoriza la construcción de infraestructura portuaria para el manejo de mercancías e hidrocarburos, un proyecto que sus promotores consideran vital para la economía regional pero que ha generado preocupación entre grupos ambientalistas por su ubicación en un área protegida.
La resolución judicial representa un paso significativo para el avance del proyecto, aunque el debate entre desarrollo económico y protección ambiental continúa siendo un tema central en la discusión pública sobre Puerto Barú.
