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La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Panamá ha anunciado la suspensión de los términos judiciales en la jurisdicción civil a nivel nacional, desde el 1 hasta el 10 de octubre de 2025. Esta medida, formalizada a través del Acuerdo No. 685 del 15 de septiembre de 2025, tiene como objetivo facilitar la implementación de un nuevo modelo de gestión en la administración de justicia civil en todo el país.
Según la CSJ, la suspensión temporal es necesaria para llevar a cabo la creación de nuevos juzgados, la reorganización de la infraestructura existente, la instalación de nuevo mobiliario y equipos informáticos, así como la reasignación del personal judicial. Estos cambios estructurales buscan optimizar el funcionamiento de la jurisdicción civil y prepararla para la entrada en vigor del nuevo Código Procesal Civil.
A pesar de la suspensión general, la Corte Suprema ha asegurado que se mantendrá la atención en trámites urgentes y esenciales. Entre estos se incluyen:
- Medidas cautelares
- Aseguramiento de pruebas
- Diligencias exhibitorias
- Remates ya programados en procesos de conocimiento
- Práctica de pruebas
- Entrega de informes en sucesiones
- Matrimonios
- Acciones de amparo de garantías constitucionales
Esta decisión estratégica busca minimizar cualquier interrupción en la administración de justicia que pueda afectar a los ciudadanos, garantizando que los casos más apremiantes sigan siendo atendidos durante el período de transición. La Corte ha enfatizado que la reorganización responde directamente a los preparativos finales para la implementación del nuevo Código Procesal Civil, un cambio significativo que requiere una movilización considerable de recursos humanos y materiales.
La suspensión de los términos judiciales representa un paso crucial en la modernización del sistema judicial panameño. Al permitir una transición ordenada y eficiente hacia el nuevo modelo de gestión, la Corte Suprema busca asegurar un funcionamiento más ágil y transparente de la justicia civil. Se espera que esta iniciativa contribuya a mejorar la calidad de los servicios judiciales ofrecidos a la ciudadanía, fortaleciendo así el estado de derecho en Panamá.
En resumen, la medida adoptada por la Corte Suprema de Justicia es una inversión en el futuro del sistema judicial panameño. Al priorizar la eficiencia y la modernización, se busca crear un entorno judicial más justo y accesible para todos los ciudadanos. La suspensión temporal de los términos judiciales es un paso necesario para alcanzar este objetivo, asegurando que la transición hacia el nuevo Código Procesal Civil se realice de manera exitosa y sin contratiempos.
