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La tarde de ayer marcó un antes y un después en la historia reciente de la administración pública panameña. La Contraloría General de la República, bajo el liderazgo de Anel Bolo Flores, tomó una decisión valiente, necesaria y largamente esperada por la ciudadanía: ponerle punto final a la figura de las famosas “botellas” en la Asamblea Nacional.
En un acto sin precedentes, la Contraloría decidió suspender los pagos automáticos a los funcionarios de la Asamblea, implementando un nuevo sistema de verificación en el que cada colaborador debe presentarse en persona a cobrar su cheque de salario. Con esta medida se busca confirmar la existencia real de los funcionarios y detectar —con rostro y cédula— a aquellos que por años han cobrado sin trabajar, una práctica que ha indignado a la ciudadanía y desprestigiado a la institución.
La medida fue recibida con aplausos desde múltiples sectores de la sociedad civil y política. En un sondeo de opinión realizado por D Media Group para el noticiero PNN, el 89% de los panameños manifestaron su respaldo total a la acción emprendida por la Contraloría. Este amplio respaldo ciudadano demuestra el hartazgo con las prácticas corruptas que han corroído la confianza pública y el deseo urgente de un cambio real en la cultura institucional del país.
La figura del «funcionario fantasma» —más conocido en el lenguaje popular como botella— ha sido una sombra permanente sobre la Asamblea Nacional. Durante años, distintos gobiernos y legislaturas han sido señalados por mantener en planilla a miles de personas que nunca pisan sus oficinas, pero que mes a mes reciben un salario financiado con los impuestos de todos los panameños. Esta realidad, además de ser un insulto a los trabajadores públicos honestos, representa una profunda herida al erario nacional.
La decisión de Anel Bolo Flores representa más que un acto administrativo: es una señal clara de voluntad política y compromiso con la transparencia. El hecho de exigir que cada funcionario se presente personalmente a cobrar su cheque busca reestablecer la dignidad del trabajo público y devolver la confianza ciudadana en las instituciones.
Muchos consideran que esta acción puede convertirse en un ejemplo a seguir por otras entidades del Estado. Si se logra implementar una fiscalización real en todas las planillas públicas, el país podría ahorrar millones de dólares y redirigir esos recursos a sectores que verdaderamente lo necesitan, como la salud, la educación o la seguridad.
La ciudadanía está mirando. Y esta vez, parece que lo hace con esperanza.
El mensaje ha sido claro: los tiempos han cambiado y la impunidad no será tolerada. En palabras de un ciudadano entrevistado por D Media Group: “Ya era hora de que alguien diera la cara por los que sí trabajamos. Basta de premiar a los que no hacen nada.”
El desafío ahora será sostener esta decisión, ampliar su alcance y convertir esta histórica medida en una política permanente. Porque Panamá no puede volver atrás.
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