Anel Jesús Miranda: El Magistrado del Maserati y la Red de Exoneraciones VIP

Redacción PNN 18/03/2025

El magistrado Anel Jesús Miranda, del Tribunal Administrativo Tributario, ha quedado en el ojo de la tormenta tras la circulación en redes sociales de una fotografía que lo vincula con un lujoso Maserati, un vehículo cuyo precio asciende a $175,056 dólares. Lo que en un principio parecía solo una imagen llamativa, podría destapar un escándalo de corrupción y tráfico de influencias en la utilización de exoneraciones fiscales.

¿Un magistrado con un Maserati?

Investigaciones de Panamá Noticias Network revelan que el vehículo de matrícula EM1205 se encuentra en fideicomiso con Global Bank, lo que indica que fue adquirido mediante financiamiento. Hasta aquí, la historia parecería común, pero el verdadero escándalo radica en cómo se compró y quién lo usa realmente.

Fuentes cercanas aseguran que el auto fue adquirido utilizando la exoneración a la que tienen derecho magistrados y fiscales especiales, un beneficio que debería destinarse a bienes de primera necesidad y no a vehículos de lujo. Más aún, se ha observado que el Maserati no es manejado regularmente por el magistrado, sino por un médico ginecólogo identificado como George, quien ha sido visto conduciéndolo en el Hipódromo Presidente Remón.

¿Venta de exoneraciones? Un escándalo por destapar

Este caso podría ser solo la punta del iceberg de un negocio oscuro de reventa de exoneraciones, donde magistrados y fiscales utilizan sus privilegios fiscales para adquirir bienes de lujo y luego transferirlos a terceros, evitando así el pago de impuestos que cualquier ciudadano común debe afrontar.

Las preguntas que surgen son alarmantes:

¿Cuántos magistrados y fiscales están utilizando este esquema para beneficiarse?
¿Cuántos vehículos exonerados han terminado en manos de particulares sin derecho a ese beneficio?
¿Se ha convertido la exoneración en una mercancía para el tráfico de influencias?

Un salario que no justifica el lujo

El magistrado Anel Jesús Miranda percibe un salario aproximado de $5,400 dólares mensuales, una cifra que, si bien es considerable, no justifica la compra de un vehículo de casi $180,000 dólares sin levantar sospechas.

Este caso pone en entredicho la transparencia y el control de los beneficios fiscales otorgados a ciertos funcionarios, y abre la puerta a una investigación más profunda sobre cómo se manejan las exoneraciones en Panamá.

¿Estamos ante un nuevo escándalo de corrupción silenciosa? ¿Será este solo uno de muchos magistrados que han encontrado en las exoneraciones un negocio paralelo al servicio del Estado?

Este no es un caso aislado. La ciudadanía exige respuestas y las autoridades deben pronunciarse. Si hay un abuso de poder, es momento de investigar, sancionar y reformar estos beneficios que están siendo utilizados de manera sospechosa.

¿Qué opinas sobre este escándalo? ¿Crees que debería abrirse una investigación formal? Deja tu comentario y comparte esta información para que Panamá despierte ante estos abusos.