Panamá Noticias Network Panamá Noticias Network, Tu Portal con las Mejores Noticias de Panamá y el Mundo.
El contralor general de la República, Anel Flores, anunció que espera entregar la próxima semana al Ministerio Público información adicional relacionada con la auditoría practicada a Panama Ports Company (PPC), dando un nuevo impulso a uno de los expedientes de mayor impacto económico e institucional de los últimos años.
Flores hizo el anuncio durante una conversación organizada por el Atlantic Council, encuentro enfocado en transparencia fiscal, fortalecimiento de auditorías, agilización de la contratación pública y confianza en la economía panameña.
Según explicó el contralor, la ampliación responde a un requerimiento del procurador general de la Nación y deberá aportar elementos adicionales a una investigación que ya acumula alrededor de 360 tomos. El Ministerio Público había confirmado previamente que esperaba esa ampliación por considerarla necesaria para sus pesquisas.
“Alguien tiene que explicarnos qué ocurrió realmente”, sostuvo Flores al referirse a las modificaciones realizadas a la concesión y al papel desempeñado por antiguos integrantes de la junta directiva de la Autoridad Marítima de Panamá y ejecutivos de PPC.
Una auditoría que puso los puertos bajo la lupa
La Contraloría inició formalmente en enero de 2025 una auditoría financiera y de cumplimiento sobre la concesión de Panama Ports, revisando el período comprendido entre 2014 y 2024.
Flores sostiene que el análisis identificó un impacto para el Estado de alrededor de B/.1,337 millones asociado a las condiciones contractuales, beneficios y recursos que, según la auditoría, Panamá habría dejado de recibir. Esa cifra corresponde a los hallazgos y cálculos presentados por la Contraloría y forma parte del material sometido al escrutinio de las autoridades competentes.
El caso posteriormente llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, que el 29 de enero de 2026 declaró inconstitucional el contrato y su prórroga, luego de acciones presentadas, entre otros, por el contralor.
Ahora Flores pide que la investigación penal determine responsabilidades individuales donde corresponda, dejando esa decisión exclusivamente en manos del Ministerio Público y de los tribunales.
Más control sobre obras abandonadas
Durante su intervención, Flores también señaló que la Contraloría encontró 140 proyectos abandonados, algunos con niveles de ejecución superiores al 80%.
Según las cifras expuestas por el funcionario, esas obras representarían más de B/.1,100 millones ya invertidos y se necesitarían aproximadamente otros B/.300 millones para terminarlas.
Ante este panorama, aseguró que la institución está reforzando la vigilancia de los plazos contractuales y de las fianzas de cumplimiento, con el objetivo de evitar que proyectos financiados con dinero público permanezcan durante años sin concluir.
Su mensaje fue directo: los contratos deben tener un inicio y también un final.
Flores asegura reducción drástica en tiempos de trámite
El contralor también presentó cifras sobre la transformación de los procesos administrativos de la institución.
Según su exposición, trámites de pago que anteriormente podían extenderse hasta 280 días se estarían procesando actualmente en un promedio de 3.6 días, mientras que procedimientos relacionados con contratos que superaban los 125 días se habrían reducido, en determinados casos, a cerca de tres días.
Flores atribuyó estos cambios a sistemas de alertas, seguimiento de expedientes, revisión de pliegos y eliminación de intermediarios.
También aseguró que las cuentas pendientes con proveedores del Estado, que en determinados momentos eran estimadas entre B/.1,500 millones y B/.2,000 millones, se han reducido considerablemente y que actualmente los pagos corrientes se están atendiendo en períodos menores.
Estas cifras fueron presentadas por el propio contralor durante su exposición y requieren distinguirse de indicadores auditados independientemente sobre desempeño institucional.
Fiscalizar sin paralizar
El discurso de Flores en Washington giró alrededor de una idea: el control del dinero público no tiene por qué convertirse en un freno para la ejecución del Estado.
El Atlantic Council presentó precisamente el encuentro como una discusión sobre contratación más rápida y transparente, auditorías más fuertes y disciplina fiscal como herramientas para fortalecer la confianza económica. La organización también destacó la reducción del déficit fiscal panameño de 6.2% del PIB en 2024 a 3.7% en 2025.
Flores sostuvo que agilizar refrendos y pagos permite reducir intereses, facilitar financiamiento a proveedores, sostener empleos y acelerar proyectos públicos, siempre manteniendo los controles legales correspondientes.
Además, defendió una mayor vigilancia sobre concesiones y activos estratégicos, aunque aclaró que su planteamiento de mantener los principales puertos bajo propiedad estatal corresponde a una opinión personal y no a una posición oficial del Gobierno.
Para el contralor, el objetivo final de su gestión debe medirse en resultados concretos: recursos públicos protegidos, obras terminadas, proveedores cobrando oportunamente y posibles irregularidades remitidas a las autoridades competentes.
La próxima entrega al Ministerio Público sobre Panama Ports Company será una nueva prueba de esa agenda de fiscalización. El expediente penal deberá establecer si los elementos recopilados derivan en responsabilidades; la Contraloría, por su parte, busca completar la documentación requerida para que esa investigación continúe.
