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Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, se encuentra en el centro de una tormenta política y administrativa desde que asumió el cargo. Su gestión ha estado marcada por una serie de polémicas que han generado descontento entre la comunidad y exfuncionarios.
Conflictos Laborales y Acusaciones
Apenas dos semanas después de asumir el puesto, Peñalba anunció la destitución de 150 colaboradores, alegando falta de funciones claras. Esta decisión desencadenó protestas de exfuncionarios exigiendo el pago de sus prestaciones.
Las sesiones del Concejo Municipal se han convertido en escenarios de enfrentamientos, con incidentes que incluyen una supuesta agresión al vicealcalde Oliver Ríos.
Controversias Financieras
La alcaldesa ha enfrentado acusaciones de cobrar doble salario, las cuales ha negado públicamente. Además, se ha cuestionado el aumento en los gastos de representación de los ediles, aprobado poco después de su llegada al cargo.
Recientemente, un «préstamo administrativo» de $10,000 al vicealcalde ha generado una denuncia penal por supuesta «asociación ilícita para delinquir».
Decretos Polémicos
Peñalba ha emitido decretos controvertidos, incluyendo uno que establece multas por diversos comportamientos ciudadanos, desde no portar cédula hasta el ruido excesivo de mascotas. Estas medidas han sido criticadas por posiblemente chocar con normas constitucionales.
Respuesta de la Comunidad
La tensión ha escalado al punto de que un grupo de ciudadanos ha iniciado el proceso para organizar una revocatoria de mandato contra la alcaldesa y su vicealcalde.
A pesar de las controversias, Peñalba defiende su administración y ha implementado iniciativas como la plataforma ‘ADN Ciudadano’ para mejorar la comunicación con los habitantes de Arraiján.
La situación en Arraiján refleja los desafíos de la gobernanza local y la importancia de la transparencia y el diálogo en la administración pública.
