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31 exlíderes de América Latina y España han solicitado a la Corte Penal Internacional (CPI) la detención de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos cargos del régimen venezolano. Esta acción, liderada por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, busca que se tome acción inmediata contra aquellos responsables de crímenes de lesa humanidad y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Venezuela.
El documento, que fue entregado a la Fiscalía de la CPI, cuenta con la firma de expresidentes como Felipe González, José María Aznar, Mariano Rajoy, Álvaro Uribe, Iván Duque, Mauricio Macri, Vicente Fox y Carlos Mesa. Todos ellos forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática), una organización que promueve la defensa de la democracia y los derechos humanos en la región.
Un Llamado a la Justicia Internacional
El núcleo de la denuncia presentada a la CPI se centra en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, promulgada en 2020, que otorga a Maduro el mando absoluto del Ejército venezolano. Según Pastrana, este hecho transforma a Venezuela en un «Estado militar» y convierte a Maduro en responsable directo de los actos represivos cometidos bajo su gobierno.
La denuncia también pone de relieve las continuas violaciones de derechos humanos y los actos de «terrorismo de Estado» promovidos por el régimen de Maduro. Además, Pastrana destacó la importancia de actuar con rapidez y ofreció la cooperación del grupo IDEA para proporcionar pruebas y respaldo legal a la CPI.
Antecedentes de la Investigación
La CPI ya abrió una investigación formal contra Venezuela en 2021, tras denuncias presentadas por varios países de América Latina. No obstante, hasta el momento, la investigación se ha centrado en el país como un todo, sin apuntar directamente a los altos cargos del gobierno. La nueva solicitud de los expresidentes iberoamericanos busca cambiar esta situación y llevar ante la justicia a los responsables de la cadena de mando.
Este esfuerzo internacional por parte de exlíderes políticos subraya la creciente preocupación por la situación de derechos humanos en Venezuela, y representa un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en el país.
