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A pocos días de la reelección de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta una ola de represión contra opositores y críticos del gobierno, según denuncian organizaciones de derechos humanos.
En los días posteriores a la controvertida reelección de Nicolás Maduro, Venezuela ha sido escenario de una intensificación de la represión contra aquellos que cuestionan los resultados electorales. Activistas de derechos humanos, como Lisette González de Provea, han denunciado un aumento en las violaciones de derechos humanos, con numerosos arrestos y actos de violencia por parte de grupos armados civiles afines al régimen.
Según Martha Tineo, cofundadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, la represión comenzó la noche del lunes, cuando colectivos irrumpieron en viviendas, saqueando propiedades y deteniendo a ciudadanos. «El contraataque se desató en la noche del lunes, cuando los colectivos se metieron a casas de gente, los saquearon, les robaron», afirmó Tineo en una entrevista con DW.
Entre los arrestados se encuentran líderes opositores y ciudadanos comunes, como Manuel Antonio Peña, de 71 años, y Mónica Martínez Bowen, dirigente del partido opositor Primero Justicia. La represión no se limita a los opositores, sino que también alcanza a periodistas y otros ciudadanos que informan sobre las protestas.
El Fiscal General de Venezuela, Tarek William Saab, advirtió que desconocer los resultados electorales podría considerarse un delito, con penas de prisión de hasta 20 años. «Advertimos que los llamados a desconocer los resultados oficiales pueden ser delito de instigación pública, con una pena de tres a seis años de prisión», declaró Saab.
La comunidad internacional ha comenzado a expresar su preocupación por la situación en Venezuela, con organismos como la ONU y la CIDH pidiendo respeto a los derechos humanos. La pregunta es, ¿hasta dónde llegará esta represión y qué medidas tomará la comunidad internacional para proteger a los ciudadanos venezolanos en medio de esta crisis?
