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El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua ha intensificado la expansión de empresas mineras chinas en el país, otorgando 9,300 hectáreas adicionales a la compañía Zhong Fu Development S.A. en la Región Autónoma de la Costa Caribe Sur. Esta concesión a cielo abierto, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, eleva a más de 190,000 las hectáreas concedidas a Zhong Fu en los últimos dos años, consolidando la presencia de capitales extranjeros en la explotación de minerales metálicos y no metálicos en áreas de alta biodiversidad.
Según datos del Ministerio de Energía y Minas, la nueva concesión abarca territorios de los municipios de El Rama y Muelle de los Bueyes. En el último bienio, la administración Ortega-Murillo ha otorgado cerca de 30 concesiones mineras a firmas chinas, cubriendo casi 600,000 hectáreas. Algunas de estas áreas incluyen la Reserva de la Biosfera del Río San Juan, reconocida globalmente por su diversidad ambiental y cultural.
Amaru Ruiz, de la Fundación del Río, ha criticado duramente esta política, calificándola como una violación a la Ley del Régimen de Propiedad Comunal Indígena. Ruiz advierte que el Estado nicaragüense está infringiendo los derechos territoriales de los pueblos indígenas al otorgar estas concesiones sin seguir los procedimientos legales estipulados en el convenio 169 de la OIT. Además, señala la legalización de la minería en áreas protegidas tras la derogación de regulaciones ambientales clave, aumentando la vulnerabilidad de territorios indígenas y zonas de conservación.
Organizaciones opositoras en el exilio, unidas en la Plataforma de Unidad por la Democracia, han calificado el avance minero de capital chino como un “ecocidio”, denunciando la apropiación de recursos en detrimento de los derechos indígenas y exigiendo la anulación inmediata de todas las licencias mineras otorgadas en estos territorios. La Fundación del Río también ha alertado sobre el incremento de la minería artesanal ilegal dentro de la Reserva de la Biosfera del Río San Juan y la legitimación de estas actividades tras la reciente reforma de la legislación ambiental.
Las cifras oficiales indican que, a finales de 2023, Nicaragua acumulaba 299 concesiones mineras, 172 para minería metálica y 127 para no metálica. El crecimiento de la minería, impulsado por el interés de capitales extranjeros, se refleja en las exportaciones del sector, que en 2024 alcanzaron los 1,391 millones de dólares, un aumento del 20.1% respecto a 2023. El oro lidera las exportaciones, favorecido por el incremento en precios y volumen de extracción.
Además de las empresas chinas, el régimen también ha autorizado proyectos importantes a empresas canadienses y británicas. Calibre Mining, de capital canadiense, fue la principal exportadora de oro en 2023. La británica Metals Exploration, a través de su filial Condor Gold Nicaragua, ha anunciado inversiones de 160 millones de dólares en la mina La India, en León, con inicio de producción previsto para diciembre de 2026.
La creciente entrega de concesiones coincide con una mayor presencia china en sectores clave de la economía nicaragüense, desde que el régimen de Ortega rompió lazos con Taiwán y fortaleció sus relaciones con la República Popular China. Managua ha firmado acuerdos en minería, energía e infraestructura, consolidando la influencia del gigante asiático en el país.
Comunidades indígenas y grupos ambientalistas denuncian que ninguna de las concesiones ha sido precedida por consulta ni consentimiento previo. La política extractivista avanza a pesar de las crecientes denuncias de daños ambientales, desplazamiento de pueblos originarios y endurecimiento de la represión contra organizaciones de la sociedad civil. El oro, la plata y otros metales continúan siendo una fuente importante de ingresos para el régimen, en medio de un aumento sostenido de denuncias por violación de derechos y afectaciones socioambientales en zonas protegidas.
