Bolivia se encuentra en estado de alerta tras un intento de golpe de Estado liderado por el ahora destituido comandante general del Ejército boliviano, Juan José Zuñiga. El presidente Luis Arce denunció la situación como un ataque directo a la democracia del país, mientras que las autoridades se preparan para imputar a los militares arrestados por cargos de terrorismo y alzamiento armado.
El miércoles, La Paz fue escenario de tensiones cuando un grupo de militares, bajo el mando de Zuñiga, ocupó la Plaza Murillo con vehículos militares, llegando incluso a derribar la puerta de la Casa Grande del Pueblo con un tanque. Zuñiga declaró que su objetivo era «cambiar el gabinete de Gobierno» y establecer lo que él consideraba una «verdadera democracia» en Bolivia.
Entre las demandas de los militares rebeldes se encontraba la liberación de varios presos políticos, incluyendo a la expresidenta interina Jeanine Añez y al gobernador opositor Luis Fernando Camacho. Esta acción ha sido interpretada por el gobierno como un intento de desestabilizar el orden constitucional del país.
En respuesta, el presidente Arce ha llamado a la población a movilizarse en defensa de la democracia. Diversos sectores sociales y sindicales en todo el país han expresado su apoyo al gobierno, mientras las fuerzas leales al Estado trabajan para restablecer el orden.
La situación permanece tensa, con las autoridades actuando rápidamente para procesar a los involucrados en este intento de golpe. La comunidad internacional observa de cerca los acontecimientos, esperando que Bolivia pueda resolver esta crisis sin mayor derramamiento de sangre y preservando sus instituciones democráticas.