El privilegio del poder: Gaby Carrizo y Enrique Lau en residencias de lujo, mientras otros panameños se hacinan en celdas

¿Qué mensaje recibe la sociedad? ¿Que mientras más alto se llega al poder y más dinero se investiga, más cómoda puede resultar la detención

En Panamá, la justicia parece ofrecer dos fotografías completamente diferentes: la del poderoso que cumple arresto domiciliario en una residencia exclusiva y la del ciudadano común que enfrenta un sistema penitenciario marcado por el hacinamiento.

Los casos del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo y del exdirector de la Caja de Seguro Social, Enrique Lau Cortés, colocan sobre la mesa una interrogante incómoda: ¿estamos ante una justicia verdaderamente igual para todos?

Carrizo permanece bajo arresto domiciliario en Costa del Este, mientras enfrenta un proceso por presunto enriquecimiento injustificado. Lau, investigado por presunto enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales, también continuará en su residencia de Santa María, luego de que el Tribunal de Apelaciones mantuviera su medida cautelar.

Dos exfuncionarios. Dos investigaciones por presuntos delitos económicos. Dos residencias en sectores exclusivos. Ninguna celda penitenciaria.

Mientras tanto, miles de panameños viven privados de libertad en instalaciones cuya población supera ampliamente la capacidad disponible. Algunos están condenados; otros todavía esperan una sentencia.

Es cierto que el arresto domiciliario es una medida legal, que la prisión preventiva no constituye una condena anticipada y que cada caso debe evaluarse individualmente. En el caso de Lau, además, los tribunales consideraron su edad y situación médica.

Pero la discusión social va mucho más allá de dos expedientes.

¿Puede el dinero, la posición social o el poder político terminar convirtiéndose, en la práctica, en una ventaja frente al sistema judicial?

Porque el mensaje que debemos evitar es devastador: que para enfrentar la justicia en condiciones cómodas basta con haber pertenecido a las altas esferas del poder.

No se trata de exigir cárceles indignas para unos, sino condiciones humanas, decisiones justificadas y garantías iguales para todos.

La justicia no debería tener una puerta para los poderosos y otra para el resto de los panameños.

Y la pregunta sigue abierta:

¿La justicia panameña se aplica con la misma vara para todos, o el poder y el dinero terminan marcando la diferencia?