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Ricardo Martinelli pasó de ocupar el Palacio de las Garzas a vivir bajo la protección del asilo político en Colombia. Una historia donde el poder, los expedientes judiciales y una condena firme se encuentran frente a una pregunta incómoda: ¿puede un expresidente condenado evitar la prisión mientras continúa participando en la política de su país?
Martinelli no es simplemente un político investigado. Es un expresidente condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales, además de una multa de 19.2 millones de dólares, en el caso New Business.
Durante años enfrentó investigaciones por pinchazos telefónicos, contrataciones estatales, operaciones financieras y otros señalamientos. Algunos procesos terminaron en absoluciones; otros siguieron distintos caminos judiciales. Pero New Business dejó algo que ninguna narrativa política puede borrar: una sentencia ejecutoriada.
En febrero de 2024, la Corte Suprema dejó firme su condena. El Tribunal Electoral aplicó posteriormente el artículo 180 de la Constitución, inhabilitándolo para aspirar nuevamente a la Presidencia.
Sin embargo, Martinelli no ingresó a prisión. Primero permaneció refugiado en la Embajada de Nicaragua y posteriormente encontró asilo en Bogotá.
Sus defensores hablan de persecución política. Pero la pregunta permanece: ¿dónde termina la protección del asilo y dónde comienza la obligación de cumplir una sentencia judicial?
A ello se suma el expediente Odebrecht, cuyo juicio concluyó y cuya sentencia continúa pendiente.
El asilo no borra una condena. La popularidad tampoco sustituye a la Constitución.
Panamá necesita respuestas institucionales, no espectáculos políticos.
Porque cuando un expresidente condenado permanece fuera del alcance efectivo de la ejecución de su pena, el debate trasciende su nombre: alcanza la credibilidad misma de la justicia.
Y la justicia, para conservar su autoridad, debe demostrar que ningún apellido está por encima de la ley.
Editorial | Panamá Noticias Network
