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La administración de Luis Alberto Roquebert al frente de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) llega a un punto delicado. Los últimos datos presentados ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional muestran que el Registro de Buques de Panamá enfrenta una contracción importante: entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, el número de naves bajo bandera panameña pasó de 8,358 a 7,516, mientras el tonelaje registrado cayó aproximadamente 15% y los nuevos abanderamientos disminuyeron 8% frente al período anterior.
Las cifras resultan particularmente sensibles porque Panamá construyó durante décadas uno de sus principales activos internacionales alrededor de su registro marítimo. Al inicio de esta administración, la propia AMP hablaba de más de 8,600 buques y 247.7 millones de toneladas de registro bruto, mientras prometía modernización, competitividad y fortalecimiento de la bandera.
Sin embargo, no todo el descenso puede atribuirse automáticamente a una sola causa. La AMP ha ejecutado una política deliberada de depuración del registro, cancelando naves sancionadas internacionalmente y endureciendo los requisitos para petroleros y graneleros antiguos. En agosto de 2025, por ejemplo, inició la cancelación de 17 embarcaciones incorporadas a listas de sanciones estadounidenses y prohibió nuevos registros de ciertos buques de más de 15 años.
A ello se sumó un factor externo de considerable impacto: las retenciones de embarcaciones panameñas en puertos chinos. Lloyd’s List Intelligence reportó que 220 buques habían abandonado la bandera panameña desde abril de 2026, en medio de un incremento de esas retenciones.
Pero los números no son el único frente complicado para Roquebert.
En agosto pasado, la AMP aprobó una resolución que declaraba de acceso restringido durante 10 años información relacionada con concesiones portuarias, licencias de operación e investigaciones administrativas. La decisión recibió cuestionamientos de organizaciones de transparencia e incluso del presidente José Raúl Mulino, quien públicamente pidió reconsiderarla.
La presión surtió efecto: apenas días después, la propia Junta Directiva de la AMP derogó la resolución, argumentando la necesidad de alinearse con los principios de transparencia y rendición de cuentas.
También ha habido cuestionamientos políticos sobre el manejo de la transición de los puertos de Balboa y Cristóbal. En febrero de 2026 fracasó en la Asamblea un intento de citar a Roquebert para responder preguntas relacionadas con las concesiones temporales de ambas terminales.
Incluso dentro de la institución hubo movimientos relevantes: en abril de este año se confirmó la salida del entonces subadministrador de la AMP, Alexander De Gracia, sin que públicamente se detallaran las razones de su renuncia.
El panorama, por tanto, tiene dos caras. La AMP sostiene que está priorizando “calidad sobre cantidad”, depurando barcos de mayor riesgo, mejorando controles y protegiendo la reputación internacional de la bandera panameña. En 2025 incluso reportó un aumento de 13% en registros de barcos nuevos dentro de esa estrategia.
Pero hacia septiembre de 2026 el resultado medible también deja preguntas inevitables: menos barcos, menos tonelaje y menos nuevos abanderamientos, acompañados de decisiones administrativas que han tenido que ser revertidas luego de generar fuertes cuestionamientos públicos.
Para una nación cuya bandera marítima representa prestigio, ingresos y presencia internacional, el debate ya no parece reducirse únicamente a cuántos barcos se eliminan por depuración. La pregunta que comienza a tomar fuerza es otra:
¿Está Panamá limpiando y fortaleciendo su registro marítimo, o está perdiendo competitividad más rápido de lo que logra renovarlo?
