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El futuro del sitio minero Cobre Panamá entró este miércoles en una nueva etapa luego de que la Comisión Interministerial entregara al presidente José Raúl Mulino su informe final, un documento que reúne 17 recomendaciones y seis criterios para evaluar cualquier eventual solución. El texto no ordena la reapertura ni el cierre inmediato de la mina: la decisión final queda en manos del mandatario.
La comisión, integrada por los ministros de Comercio e Industrias, Economía y Finanzas y Ambiente, recibió el encargo el pasado 1 de julio para analizar los resultados de la auditoría integral, evaluar las opciones disponibles y recomendar alternativas considerando los componentes ambientales, sociales y económicos. La entrega del documento había sido anunciada para este 30 de septiembre.
La mina no está operando, pero tampoco está abandonada
El informe precisa que actualmente no existe extracción minera en curso. El complejo permanece bajo un plan de preservación ordenado por el Estado, con monitoreo permanente de sus instalaciones.
Según el documento, 164 instrumentos mantienen vigilancia sobre la instalación de manejo de relaves. También se procesa roca que había sido extraída antes de noviembre de 2023 y permanecía almacenada a la intemperie, una actividad que el informe presenta principalmente como una medida de seguridad ambiental.
La auditoría integral fue contratada por el Estado a SGS Panama Control Services Inc. y examinó los 370 compromisos ambientales del proyecto. MiAmbiente confirma que el informe final de la auditoría fue entregado el 19 de junio y que sus 15 tomos fueron publicados para consulta pública.
La Comisión recoge tres formas de interpretar sus resultados: 98.92%, 97.5% y una calificación integral ponderada de 87.73%. Esta última incorpora riesgos y pasivos futuros. El informe también identifica cuatro no conformidades principales relacionadas con flora, restauración ecológica y reforestación, además de otras oportunidades de mejora.
El costo económico entra en el debate
Uno de los puntos de mayor peso del documento es el impacto económico atribuido al cierre de la actividad minera. La Comisión estima que, mientras no exista una definición, Panamá deja de generar en promedio B/.6.85 millones diarios en divisas, además de impactos sobre el producto interno, los ingresos fiscales y las cuotas de la Caja de Seguro Social. Estas cifras son estimaciones incluidas en el informe y no representan mediciones independientes de cada jornada.
El documento estima además que un cierre completo sin acuerdo podría representar entre B/.2,600 millones y B/.3,400 millones durante un período de 17 a 19 años, incluyendo cierre y mantenimiento posterior.
Frente a este escenario, uno de los criterios establecidos es tajante: cualquier solución debería tener cero costo fiscal para el Presupuesto General del Estado.
La Comisión también señala que existen arbitrajes internacionales relacionados con el proyecto cuyas reclamaciones, sumadas en sus montos mínimos, superan los US$27 mil millones. El propio informe aclara que esas cantidades son reclamaciones y no deudas reconocidas ni condenas contra Panamá.
Seis condiciones antes de cualquier decisión
Entre los criterios planteados figuran el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de Justicia y de la Ley 407, la rectoría del Estado sobre los recursos minerales, ausencia de costo fiscal, transparencia verificable, prioridad para las comunidades afectadas y supervisión bajo estándares internacionales.
También se propone que cualquier eventual modelo contemple una reducción progresiva de la huella territorial, una fecha definida para el cierre final, financiamiento de los pasivos ambientales y verificación independiente.
Mulino, según el documento entregado, asumió los seis criterios como parámetros de análisis y anunció que estudiará el informe junto con su Gabinete y asesores antes de comunicar una decisión.
Por ahora, no hay autorización para reabrir la mina ni una orden definitiva de cierre. El informe coloca sobre la mesa las opciones y sus costos; la próxima decisión será del Ejecutivo.
