El Gobierno finalmente escuchó un reclamo que lleva años retumbando en los hogares panameños. Mientras miles de familias pagan puntualmente sus recibos, demasiadas veces reciben apagones, fluctuaciones, daños en electrodomésticos y respuestas que llegan tarde o nunca. El proyecto presentado por el ministro Juan Carlos Orillac busca cambiar esa historia y darle al consumidor más herramientas, más protección y, sobre todo, más respeto
Y aquí va el jalón de orejas para Naturgy y ENSA: prestar un servicio público no puede significar cobrar primero y explicar después. Si el cliente paga por continuidad y calidad, eso es lo que debe recibir. No basta con comunicados, excusas técnicas o promesas de mejora; hacen falta resultados medibles, atención rápida y responsabilidad cuando el servicio falla. La paciencia ciudadana tiene límites, y parece que esta vez el Estado está dispuesto a ponerlos por escrito.
Ahora le toca a la Asamblea demostrar de qué lado está: del usuario que sufre los apagones o de las empresas que durante años han operado con una relación demasiado desigual frente al consumidor. Panamá necesita electricidad confiable, reglas firmes y sanciones que realmente duelan cuando haya incumplimientos. Naturgy y ENSA, el mensaje es claro: el tiempo de hacer lo mínimo se está acabando.
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