Cuando la Justicia Desmoraliza a la Policía

En Panamá pareciera haberse vuelto costumbre vivir atrapados en una peligrosa contradicción: mientras la Policía Nacional arriesga vidas, realiza operativos, captura delincuentes y presenta ante la justicia a figuras vinculadas incluso a delitos graves y estructuras criminales, algunos tribunales terminan enviando un mensaje totalmente opuesto al esfuerzo de seguridad del país.

La ciudadanía observa con indignación cómo sujetos considerados de alta peligrosidad, e incluso vinculados a pandillerismo, homicidios o integrantes de listas de los “más buscados”, son beneficiados en tiempo récord con medidas cautelares menos severas, depósitos domiciliarios o “casa por cárcel”. Y la pregunta que millones de panameños se hacen es simple: ¿entonces para qué sirve el trabajo policial?

No se trata de desconocer derechos humanos ni garantías procesales. Todo ciudadano tiene derecho a la defensa y al debido proceso. Pero otra cosa muy distinta es convertir el sistema judicial en una puerta giratoria que humilla el esfuerzo policial y desmoraliza a quienes diariamente salen a enfrentar criminales armados.

Mientras los uniformados entran a barrios peligrosos, reciben amenazas y ponen en riesgo a sus familias, algunos jueces y tribunales parecen actuar con una ligereza alarmante al momento de flexibilizar medidas contra individuos acusados de delitos graves. El mensaje que recibe la delincuencia es devastador: “aunque te capturen, probablemente saldrás pronto”.

Y peor aún, el mensaje que recibe el policía honesto es todavía más cruel: “tu sacrificio no vale nada”.

Panamá no puede construir seguridad bajo esa lógica. No puede exigírsele resultados a la Policía si desde otras instancias del sistema se debilita constantemente la capacidad coercitiva del Estado. Porque la seguridad pública no depende solamente de patrullas y operativos; depende también de que exista coherencia institucional entre captura, procesamiento y sanción.

Cuando un tribunal libera de forma expedita a personas acusadas de delitos de alto impacto, no solo se afecta un expediente judicial; se golpea directamente la moral de la fuerza pública y la confianza de la ciudadanía en la justicia.

El ciudadano común comienza entonces a sentir miedo, frustración y desprotección. Ve cómo capturan hoy al delincuente que aterrorizaba comunidades… y días después vuelve a verlo caminando tranquilamente por las calles. Eso destruye la credibilidad institucional y alimenta la percepción de impunidad.

La justicia debe ser garantista, sí, pero jamás ingenua. Porque mientras algunos despachos judiciales hablan de medidas cautelares, hay familias enteras viviendo bajo amenazas del crimen organizado, del pandillerismo y de la violencia.

Panamá necesita jueces comprometidos no solo con el expediente, sino también con la realidad nacional. Necesita equilibrio entre derechos individuales y protección colectiva. Porque la seguridad ciudadana también es un derecho humano.

De lo contrario, seguiremos viviendo el absurdo de ver policías capturando criminales con una mano… mientras otros sectores del sistema los liberan con la otra.