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La reciente decisión de la jueza de garantías Karolina Santamaría, que legaliza la incautación de datos de redes sociales vinculados a Sabrina Bacal, Daniel Lopera y Mauricio Valenzuela, no debe verse como un ataque a la libertad de expresión, sino como un acto necesario para poner orden en un terreno que algunos han decidido convertir en tierra de nadie.
Durante años, ciertos actores han utilizado el rótulo de “periodismo” como escudo para publicar, señalar y acusar sin consecuencias. Pero el periodismo no es impunidad. Y mucho menos licencia para destruir reputaciones.
El proceso por presunta calumnia e injuria, impulsado por los empresarios Roberto y Ramón Carretero, es un recordatorio claro: el derecho al honor también existe y merece protección.
Aquí no estamos hablando de censura. Estamos hablando de responsabilidad.
La decisión judicial —que avala la incautación de documentos y material digital proveniente de redes sociales— se sustenta en el cumplimiento de la ley, específicamente en los parámetros del Código Procesal Penal. No hay arbitrariedad; hay procedimiento.
Y eso es clave.
Porque el verdadero peligro para una democracia no es que la justicia investigue, sino que no lo haga cuando existen indicios de posibles abusos.
Más aún cuando no se trata de un hecho aislado.
En el caso de Daniel Lopera y Mauricio Valenzuela, existen múltiples procesos abiertos, incluyendo querellas presentadas por figuras públicas como la exdiputada Zulay Rodríguez y el expresidente Ricardo Martinelli. Cuando las denuncias se acumulan desde distintos frentes, el discurso de “persecución” pierde fuerza y empieza a emerger otra narrativa: la de un patrón de conducta.
Y eso merece ser investigado.
No se puede normalizar que, bajo el argumento de informar, se utilicen plataformas digitales para emitir juicios sin pruebas concluyentes o para amplificar versiones que afectan la honra de terceros.
El periodismo serio contrasta, verifica y responde.
El seudoperiodismo acusa, insinúa y evade.
Por eso, decisiones como la tomada por la jueza Santamaría envían un mensaje necesario:
la libertad de expresión no está por encima de la ley.
Y es momento de decirlo sin rodeos.
Quien comunica tiene poder. Y quien tiene poder, debe rendir cuentas.
Panamá no necesita menos libertad.
Necesita más responsabilidad.
Porque cuando la información se convierte en arma, la justicia no solo tiene el derecho de intervenir…
tiene la obligación.
