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Por: Aldo López Tirone.
En Panamá no hay crisis de basura. Hay algo peor: un modelo agotado que convierte la basura en negocio, conflicto y dependencia.
La reciente disputa por la licitación de la recolección en Panamá Este no es más que el síntoma visible de una enfermedad estructural. Impugnaciones, señalamientos, suspensiones, ataques en redes… y mientras tanto, la basura sigue acumulándose como recordatorio de que el sistema no funciona como debería.
Y aquí es donde debemos ser serios: esto no es un problema de una empresa u otra. Es un problema del Estado panameño.
Durante años hemos operado bajo un esquema híbrido mal diseñado: contratos millonarios, licitaciones que terminan judicializadas, operadores que entran y salen en medio de polémicas, y una institución —la AAUD— que, aunque existe, no tiene la fortaleza operativa, financiera ni autonomía para garantizar el servicio con autoridad.
El resultado es evidente: cada proceso se convierte en una batalla y cada batalla pone en riesgo la continuidad del servicio.
Y cuando un servicio esencial depende de quién gana una licitación o quién impugna primero, entonces no estamos hablando de gestión… estamos hablando de vulnerabilidad.
La gran pregunta: ¿privado o estatal?
Ese es el debate equivocado.
No se trata de eliminar al sector privado ni de entregarle todo al Estado. Se trata de entender que la basura no puede depender exclusivamente del mercado ni de la improvisación política.
El caso de Colombia nos deja una enseñanza clara: no existe un único modelo. Hay operadores privados, sí, pero también hay empresas públicas fuertes, técnicas y con capacidad real de ejecución, que sirven como garantía de continuidad.
Y eso es exactamente lo que le falta a Panamá.
Mi postura: sí a una empresa estatal… pero no a cualquier empresa
Yo sí creo que Panamá necesita un operador estatal fuerte.
Pero no uno más dentro de la burocracia.
No una institución que cambie de rumbo cada cinco años.
No un botín político.
Lo que Panamá necesita es algo mucho más serio:
Una empresa pública independiente, técnica, autosostenible y blindada de la política.
Un modelo similar al Canal de Panamá.
Una estructura donde:
- Se mida la eficiencia por resultados, no por discursos.
- Se garantice continuidad, incluso en medio de conflictos contractuales.
- Exista capacidad real de operación, no solo de supervisión.
- Se compita con el sector privado en igualdad de condiciones.
- Y, sobre todo, donde la ciudad nunca vuelva a ser rehén de una licitación.
Porque hoy, seamos honestos: Panamá no tiene control total sobre su sistema de recolección.
Y eso, en un servicio básico, es inaceptable.
El verdadero problema: un negocio demasiado grande
La basura dejó de ser un servicio público hace rato.
Hoy es un negocio multimillonario, de largo plazo, con incentivos claros para la disputa. Y cuando el negocio crece más rápido que la capacidad del Estado para regularlo, lo que obtenemos es exactamente lo que estamos viendo: conflictos permanentes.
Por eso, cada licitación termina en lo mismo:
- Reclamos
- Impugnaciones
- Suspensiones
- Narrativas enfrentadas
Y la ciudadanía, atrapada en el medio.
La decisión que Panamá debe tomar
Panamá tiene dos caminos:
- Seguir como está, donde cada contrato es una crisis potencial.
- O construir un modelo donde el Estado recupere el control estratégico del servicio.
No para excluir al sector privado, sino para dejar de depender completamente de él.
Porque un país serio no negocia la recolección de basura desde la urgencia.
La planifica.
La controla.
Y la garantiza.
Cierre
El problema de Panamá no es la basura.
Es que la basura se convirtió en un negocio demasiado grande para un Estado demasiado débil.
Y mientras no tengamos un operador público fuerte, independiente y blindado de la política, seguiremos viendo lo mismo: conflictos arriba… y basura abajo.
Panamá no necesita más contratos.
Necesita control.
