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La ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles, en representación del Mides, anunció la convocatoria a una sesión extraordinaria de la junta directiva de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf). El encuentro, programado para el próximo lunes 9 de febrero, surge como respuesta inmediata a las recientes denuncias sobre presuntas irregularidades en el Centro de Atención Integral (CAI) ubicado en Tocumen. La administración estatal ha reiterado que la protección del interés superior de los menores es una prioridad absoluta.
Medidas del Mides frente a la crisis en Tocumen
Ante los indicios de faltas que ponen en riesgo la seguridad de los menores, el Mides ha manifestado su disposición para colaborar de forma transparente con las autoridades competentes. La institución busca garantizar que las investigaciones avancen sin obstáculos para deslindar responsabilidades. De manera preventiva, se ha recomendado la adopción de medidas concretas para robustecer los protocolos institucionales, asegurando que la atención a los niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado sea eficaz y segura.
Detalles de las denuncias presentadas
La gravedad de la situación se acentuó tras la intervención de la diputada Alexandra Brenes, quien presentó una denuncia formal por presuntos delitos de abuso sexual, maltrato al menor e incumplimiento de deberes de los funcionarios públicos en el centro de Tocumen. A este escenario se suma el testimonio de César Augusto Pérez, exdirector de dicha instalación, quien afirmó públicamente haber sido separado de su cargo tras revelar las irregularidades internas.
Marco legal y estructura de supervisión
La Senniaf, creada bajo la Ley 14 del 23 de enero de 2009, opera como una entidad descentralizada con autonomía técnica y de gestión. Sin embargo, su junta directiva está integrada por figuras clave del gabinete, incluyendo a los titulares de Economía y Finanzas, Salud, Educación y Trabajo, además del Contralor General de la República. Esta estructura colegiada tiene la responsabilidad de coordinar las políticas de protección integral.
Compromiso con la transparencia institucional
El Estado panameño, a través de sus diversas carteras, busca con esta sesión extraordinaria establecer una hoja de ruta clara que permita corregir las fallas detectadas en el sistema de albergues. La participación de la Red Nacional de Apoyo a la Niñez y Adolescencia en la junta directiva asegura que la sociedad civil también tenga voz en la vigilancia de estos procesos fundamentales para los derechos humanos en el país.
