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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó el secuestro de bienes y cuentas bancarias del exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo Jaén, por un monto total de B/.1,113,818.33, como medida precautoria para salvaguardar los intereses públicos del Estado panameño.
La decisión se formalizó mediante la Resolución N.° 3757-2025-LEG/PJ, firmada por el contralor general Anel Flores y dirigida a la Directora General del Registro Público, Nairobia Escrucería González, quien fue instruida para ejecutar la orden y abstenerse de registrar cualquier operación sobre los bienes del exfuncionario.
🔍 Detalles de la resolución
El documento, fechado el 22 de octubre de 2025, establece que la medida se adopta conforme a los artículos 279 y 280 de la Constitución y a la Ley 32 de 1984, que facultan a la Contraloría a dictar medidas de control para proteger los fondos y bienes públicos cuando se detecten irregularidades administrativas o financieras.
De acuerdo con la resolución, las investigaciones realizadas por la Dirección Nacional de Investigaciones y Auditoría Forense de la CGR revelaron presuntas irregularidades graves cometidas por Carrizo durante su gestión como Vicepresidente de la República y Ministro de la Presidencia (2019–2024).
La Contraloría fundamenta la medida en el Memorando N.° 882-2025-DIAF/UMAT, el cual sustentó la adopción de medidas precautorias “por irregularidades detectadas en la administración y manejo de fondos públicos”.
💰 Alcance del secuestro
La orden de secuestro incluye:
Bienes inmuebles registrados a nombre de José Gabriel Carrizo en el Registro Público.
Cuentas bancarias y depósitos en el Banco Nacional de Panamá, Multibank y Banco Prival.
Cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito, valores y plazos fijos, hasta cubrir el monto total señalado.
Entre las cuentas específicas mencionadas en la resolución se encuentran la No. 10000300660 del Banco Nacional de Panamá, la No. 101912102035 del Banco Multibank y la No. 110110150008 del Banco Prival, S.A., todas a nombre del exvicepresidente o donde figura como firmante autorizado.
La Contraloría instruye que todos los fondos y bienes queden a órdenes de la institución hasta nueva disposición y prohíbe expresamente su retiro, venta o transferencia.
⚖️ Fundamentación legal y procedimiento
En el considerando de la resolución, la CGR sostiene que, conforme a las leyes vigentes, puede imponer medidas de protección sobre los bienes de funcionarios o particulares vinculados a irregularidades en el manejo de recursos estatales, con el fin de evitar el deterioro del patrimonio público durante el desarrollo de las investigaciones.
El contralor Anel Flores invocó las facultades otorgadas por los artículos 279 y 280 de la Constitución y los artículos 29 y 55 de la Ley 32 de 1984, así como la Ley 351 de 2022 y la Ley 67 de 2008, que amplían la capacidad de la institución para actuar ante indicios de corrupción o daño al erario.
El documento concluye con la instrucción de comunicar la decisión al Tesoro Nacional y mantener las medidas hasta nuevo aviso, mientras avanza la investigación administrativa.
🧾 Registro de ejecución
El expediente incluye un recibo de liquidación del Registro Público, fechado el 23 de octubre de 2025, que confirma la entrada del trámite de secuestro y medidas cautelares, inscrito bajo el documento N.° 3286, sin costo adicional, según el reporte oficial.
📌 Contexto
José Gabriel Carrizo, quien fue vicepresidente durante la administración de Laurentino Cortizo, ha sido señalado en diversas auditorías por presuntas irregularidades en la gestión de contratos públicos y manejo de fondos del Estado.
Con esta resolución, la Contraloría adopta su primera medida formal de inmovilización de bienes, a la espera de que las investigaciones determinen responsabilidades administrativas o penales.
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