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En medio de un ambiente político cargado de indignación ciudadana y exigencias de transparencia, el diputado Crispiano Adames ha elevado una solicitud contundente ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Con tono firme, expresó que comparte el sentir del pueblo panameño, que demanda claridad y rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.
Sin embargo, Adames fue enfático en señalar que el foco del debate no debe desviarse.
“La educación es un derecho humano fundamental, no un crimen ni un delito.El Estado tiene la obligación de facilitar la formación, no de criminalizarla”, destacó, dejando claro que el verdadero problema radica en la discrecionalidad y el clientelismo político que han contaminado la asignación de los auxilios económicos y becas.
Un llamado a la transparencia real
Durante su intervención, el diputado solicitó formalmente al Director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) la remisión, en un término de ocho días, de los listados completos de beneficiarios de Auxilios Económicos y Asistencias Educativas correspondientes a las tres últimas administraciones: Laurentino Cortizo, Juan Carlos Varela y Ricardo Martinelli.
Además, pidió que dichos listados sean publicados y actualizados permanentemente en el portal de Datos Abiertos del Gobierno, en un formato accesible para el escrutinio público. “La transparencia no puede ser selectiva”, subrayó Adames, recordando que solo con acceso libre a la información se puede reconstruir la confianza entre los ciudadanos y el Estado.
El morbo debe quedar atrás
El diputado recalcó que el debate no puede reducirse a la persecución o estigmatización de los beneficiarios. En su lugar, el país debe centrar esfuerzos en construir un sistema de becas justo, transparente y basado en el mérito, que garantice igualdad de oportunidades para todos los panameños.
Su llamado busca poner fin al “morbo mediático” que rodea el tema, y trasladar la conversación al terreno de las soluciones estructurales. “El país necesita instituciones fuertes, no cazas de brujas. La rendición de cuentas es el camino, pero sin destruir el valor social de la educación”, concluyó Adames, reafirmando su compromiso con una gestión pública basada en la ética y la equidad.
