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En Panamá, cuando una empresa logra sobrevivir —y facturar— a punta de contratos extendidos, adendas y procedimientos “excepcionales”, no es por eficiencia milagrosa. Es porque supo moverse bien en los pasillos del poder. Pronto Aseo, S.A. es un ejemplo casi de manual.
Durante el llamado Gobiernito de Nito Cortizo, Pronto Aseo se consolidó como una de las empresas favoritas del Estado en el manejo de la basura. Contratos prorrogados, extensiones millonarias y una relación cómoda con la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) marcaron su paso por la administración central. Nada ilegal probado, pero tampoco nada transparente.
Y cuando el ciclo presidencial llegó a su fin, la pregunta era obvia: ¿Dónde iba a aterrizar ahora la empresa consentida del corticismo?
San Miguelito: el nuevo botín
Todas las miradas apuntaron a San Miguelito, un distrito golpeado por la crisis de basura y gobernado por una administración municipal claramente rebasada. No es casual que Pronto Aseo apareciera como pieza clave del llamado “Consorcio Aseo Nacional”, junto a otras empresas del sector, intentando quedarse con un contrato multimillonario y de largo plazo.
En los corrillos políticos y administrativos del distrito, el comentario era recurrente: “Esa es la empresa que Irma quería”.
No porque fuera la mejor evaluada, sino porque venía con el aval invisible de haber sido la favorita del gobierno anterior.
Socios, estructuras y sombras
Pronto Aseo opera como sociedad anónima, un formato legal que —sin ser ilegal— dificulta conocer a los verdaderos beneficiarios finales. Sin embargo, registros mercantiles y bases de datos empresariales identifican como figura clave y representante legal a Adolfo Brockmann Cervantes, además de otros nombres vinculados a la estructura corporativa y a firmas relacionadas.
¿Es esto un delito? No.
¿Es un problema cuando se trata de contratos públicos multimillonarios? Absolutamente sí.
Porque cuando no se sabe con claridad quién está detrás, la sospecha se convierte en parte del costo político.
El tropiezo que lo dijo todo
El intento por quedarse con San Miguelito terminó mal. El consorcio del que formaba parte Pronto Aseo quedó fuera del proceso de licitación por no cumplir requisitos técnicos básicos. No fue persecución política. Fue incapacidad documentada.
Y ahí se cayó el discurso de eficiencia.
La pregunta entonces cambia de forma: ¿Cómo una empresa que no cumple requisitos en una licitación municipal fue capaz de mantener contratos millonarios a nivel nacional durante años?
¡El patrón que huele mal ¡
Pronto Aseo no es un caso aislado. Es parte de un patrón que Panamá ya conoce demasiado bien:
empresas que florecen bajo un gobierno, sobreviven a punta de extensiones contractuales y luego buscan refugio en alcaldías y gobiernos locales cuando el poder central cambia de manos.
No hay sentencia, pero hay señales.
No hay condena, pero hay preguntas incómodas.
Y cuando la basura se acumula en las calles mientras algunos siguen intentando facturar, la ciudadanía empieza a atar cabos.
Conclusión incómoda
Pronto Aseo fue, sin duda, una empresa consentida del corticismo. Y su intento por quedarse con San Miguelito deja la sensación de que algunos no querían soltar la piñata del Estado, solo cambiar de ventanilla.
Hoy, el mensaje debería ser claro:
Panamá no necesita más contratos heredados, ni empresas blindadas por padrinazgos políticos.
Necesita transparencia, competencia real y servicios que funcionen.
Lo demás —aunque se vista de consorcio— sigue oliendo a basura.
Nota editorial
Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
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