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En medio del caos, el miedo y la incertidumbre que dejó la pandemia, mientras miles de panameños luchaban por sobrevivir económica y emocionalmente, algunos parecían ver en aquella crisis una oportunidad dorada para hacer negocios millonarios.
Uno de esos negocios aparece ahora bajo la lupa pública, y tiene como protagonista a Luis Acevedo Ureña, señalado como mano derecha y exoperador político del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Según revelaciones publicadas por La Prensa, una agenda privada atribuida a Acevedo contenía una lista de 19 “oportunidades de negocio”, una especie de menú de concesiones y proyectos que, aparentemente, podían convertirse en negocios multimillonarios dentro del aparato del Estado.
Entre esas oportunidades aparece una particularmente llamativa: la concesión para digitalizar el sistema de revisado vehicular de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT).
Lo que en teoría era un proyecto para modernizar el Estado, en la práctica terminó convertido en un caso lleno de coincidencias incómodas.
El negocio que nació en pandemia
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024) y en pleno proceso de digitalización acelerada de servicios estatales por la pandemia del COVID-19, el Gobierno empezó a empujar proyectos tecnológicos en diferentes instituciones.
Uno de ellos fue el sistema de revisión vehicular digital.
En agosto de 2022, la ATTT elaboró un reglamento para concesionar ese servicio por diez años.
Dos meses después, el Ministerio de Gobierno, dirigido en ese momento por Janaina Tewaney, aprobó el reglamento.
Todo avanzó con sorprendente rapidez.
En noviembre de 2022, la empresa 3Tech Latin America se presentó al concurso y terminó obteniendo la concesión tras la evaluación de un comité de la ATTT que determinó que cumplía con todos los requisitos.
El 14 de noviembre de 2022, mediante la Resolución OAL-894, la ATTT otorgó oficialmente la concesión.
Un negocio que prometía mover millones de dólares durante una década.
La coincidencia incómoda
Pero la historia no termina allí.
Uno de los elementos más llamativos del expediente es la carta de promesa de financiamiento presentada para respaldar el proyecto.
Esa carta provino de Balboa Factoring, empresa que mantenía relación con el grupo empresarial detrás de 3Tech desde 2013.
Según el propio documento, las empresas vinculadas al grupo empresarial (3Tech Latin America y Moving Technology S.A.) tenían acceso a facilidades de crédito de siete cifras bajas.
La coincidencia es inquietante porque el negocio de la digitalización de los revisados vehiculares aparece listado en la agenda privada atribuida a Luis Acevedo, dentro de ese catálogo de “oportunidades”.
Es decir, el negocio parecía estar identificado y descrito antes de que el proceso público terminara de desarrollarse.
Cuando las “oportunidades” aparecen demasiado temprano
El caso plantea una pregunta incómoda para la opinión pública:
¿Se trataba simplemente de una coincidencia… o de un negocio planificado desde las sombras del poder político?
La agenda de Acevedo sugiere algo inquietante:
que ciertas concesiones estatales ya circulaban en círculos de poder como oportunidades de negocio antes de concretarse formalmente.
Mientras el país atravesaba una crisis sanitaria histórica, algunos parecían estar redactando su propio catálogo de negocios desde el Estado.
Y hoy, esa agenda se convierte en una pieza incómoda que revive una vieja sospecha panameña:
Que en los pasillos del poder, las pandemias también pueden convertirse en oportunidades… pero para hacer dinero.
Nota editorial: Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
