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En Panamá, las coincidencias entre poder político, relaciones familiares y contratos públicos siempre despiertan interrogantes. En el caso de la constructora Grupo J&R, propiedad de la familia Mariño, varios elementos han llamado la atención en la provincia de Chiriquí, particularmente en la ciudad de David.
Según diversas fuentes y registros de contratación pública, Grupo J&R recibió un contrato cercano a los 5 millones de dólares para la construcción de un edificio policial, adjudicado en plena pandemia del COVID-19. En aquel momento, el país enfrentaba una de las crisis sanitarias y económicas más severas de su historia reciente, con hospitales saturados, miles de familias sin ingresos y una enorme presión sobre las finanzas públicas.
La pregunta que muchos se hacen hoy es simple: ¿por qué una obra de este tipo fue priorizada y adjudicada de forma directa en un momento en que las necesidades urgentes del país parecían estar en otro lugar?
Pero más allá del contrato en sí, lo que ha generado mayor atención es la relación familiar que conecta a la familia Mariño con el entorno del entonces vicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo.
De acuerdo con información conocida en círculos políticos de Chiriquí, la familia Mariño mantiene vínculos familiares con el círculo cercano de los Carrizo, específicamente a través de la esposa de Guillermo Carrizo, hermano de Gaby Carrizo. Esta conexión ha alimentado suspicacias sobre la cercanía entre la constructora y el poder político durante el gobierno pasado.
En una provincia donde las obras públicas representan uno de los motores principales de la economía local, los contratos estatales siempre han sido un terreno donde la transparencia debe ser absoluta. Sin embargo, cuando aparecen relaciones familiares y adjudicaciones millonarias, las dudas inevitablemente se multiplican.
El caso del edificio policial en David es apenas uno de los episodios que hoy comienza a ser analizado con mayor detalle.
Diversos sectores han señalado que la constructora Grupo J&R no solo participó en esta obra, sino que también ha estado vinculada a otros proyectos públicos de alto valor en la región.
Y es precisamente allí donde el tema cobra una dimensión aún mayor.
Porque mañana abordaremos un nuevo capítulo de esta historia: cómo esta misma empresa habría recibido millones de dólares en contratos relacionados con la construcción de la sede de la Contraloría General en David, incluyendo adendas millonarias que incrementaron significativamente el costo original de la obra.
La pregunta queda abierta:
¿Se trata simplemente de una empresa exitosa que ha sabido ganar contratos públicos…
o estamos ante un caso donde las relaciones familiares y el poder político jugaron un papel determinante?
La respuesta, probablemente, está en los detalles que comienzan a salir a la luz.
Nota editorial: Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
