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En el corazón del principal aeropuerto de Panamá estalló una controversia que vuelve a poner bajo la lupa los procesos de contratación pública. La licitación por $19.5 millones para el servicio de limpieza del Aeropuerto Internacional de Tocumen terminó convertida en un escándalo luego de que solo una empresa quedara habilitada para competir en el proceso.
La compañía en el centro de la polémica es Eiger Cleaning Business (PRO Eiger), liderada por Gilberto Vega, quien ha sido identificado como la figura principal detrás de la empresa que terminó siendo la única habilitada para presentar oferta económica.
El caso encendió alarmas cuando la Comisión Evaluadora descalificó a los otros seis competidores, lo que dejó el camino libre para que únicamente se abriera la propuesta económica de PRO Eiger, que ascendía a $18.9 millones.
Lo que más ha generado indignación es que otras empresas habían presentado propuestas hasta $4 millones más económicas, lo que desató una ola de cuestionamientos sobre los criterios utilizados para excluirlas del proceso.
Empresas participantes, entre ellas Medikkal, decidieron impugnar la licitación, alegando posibles irregularidades y falta de transparencia en la evaluación técnica que dejó fuera a todos los competidores.
La presión pública y las dudas sobre el proceso llevaron finalmente a que la administración del Aeropuerto de Tocumen decidiera anular el informe de licitación, en un intento por frenar el creciente escándalo y evitar que el contrato multimillonario avanzara bajo sospecha.
Ahora, el nombre de Gilberto Vega y su empresa PRO Eiger ha quedado en el centro del debate público, mientras distintos sectores exigen explicaciones claras sobre cómo una licitación millonaria terminó con una sola empresa habilitada.
El episodio vuelve a reabrir una pregunta incómoda que muchos ciudadanos se hacen:
¿Estamos frente a un simple error administrativo o ante un proceso diseñado para favorecer a un solo competidor?
Mientras tanto, el caso continúa generando presión para que los procesos de contratación pública en Panamá sean más transparentes, competitivos y vigilados, especialmente cuando se trata de contratos que involucran millones de dólares provenientes de fondos públicos.
Nota editorial: Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
