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La construcción de la nueva sede regional de la Contraloría General de la República en David, Chiriquí, se ha convertido en una obra rodeada de preguntas. No solo por su costo final, incrementado mediante adendas millonarias, sino también por la participación de la empresa Grupo J&R, propiedad de la familia Mariño, y las conexiones políticas que diversos sectores señalan.
Desde el inicio del proyecto, el proceso ha estado marcado por decisiones que hoy generan dudas sobre la transparencia y la planificación de la obra.
Un terreno que levantó sospechas
Uno de los puntos que más controversia ha generado es la compra del terreno donde se construiría la sede de la Contraloría en David. Diversas voces han señalado que la venta del terreno se dio en circunstancias consideradas sospechosas, ya que el valor del mismo y el momento de la transacción han sido cuestionados por sectores políticos y ciudadanos.
En proyectos públicos de esta magnitud, el proceso de selección del terreno suele requerir evaluaciones técnicas, estudios de conveniencia y transparencia en la adquisición, precisamente para evitar cualquier duda sobre posibles beneficios privados.
Sin embargo, en este caso, el proceso ha sido objeto de cuestionamientos desde distintos sectores de la provincia de Chiriquí.
La construcción y las adendas millonarias
Tras la adquisición del terreno, la construcción de la obra quedó en manos de Grupo J&R, empresa vinculada a la familia Mariño, que ha participado en varios proyectos de infraestructura pública en la región.
Con el avance del proyecto comenzaron a aparecer adendas que aumentaron significativamente el costo original de la obra, un mecanismo que, aunque legal dentro de la contratación pública, suele generar críticas cuando el monto final termina alejándose considerablemente del presupuesto inicial.
Las adendas, en teoría, responden a ajustes técnicos o cambios necesarios durante la ejecución de una obra. Sin embargo, cuando se trata de incrementos millonarios, inevitablemente se abre el debate sobre si hubo una correcta planificación desde el principio.
La conexión política
Otro elemento que ha llamado la atención en este caso es el vínculo familiar que conecta a la familia Mariño con el entorno del exvicepresidente José Gabriel “Gaby” Carrizo.
Según información que circula en círculos políticos de Chiriquí, la relación se establecería a través de la esposa de Guillermo Carrizo, hermano de Gaby Carrizo, lo que ha alimentado las sospechas de una posible cercanía entre la empresa constructora y el poder político durante el gobierno pasado.
Aunque no existe pronunciamiento oficial que confirme que esta relación haya influido en la adjudicación de contratos, para muchos ciudadanos el simple hecho de que exista una conexión familiar cercana plantea interrogantes legítimos sobre la transparencia en la asignación de obras públicas.
Una historia que sigue generando preguntas
La construcción de la sede de la Contraloría en David es hoy un ejemplo de cómo las obras públicas pueden convertirse en foco de cuestionamientos cuando se mezclan grandes sumas de dinero, procesos poco claros y posibles relaciones políticas.
El caso del Grupo J&R y la familia Mariño se suma así a la lista de proyectos en los que la opinión pública exige mayor claridad.
Porque al final, más allá de las explicaciones técnicas o administrativas, la pregunta que muchos ciudadanos siguen haciéndose es la misma:
¿Se trató de una obra pública ejecutada dentro de los parámetros normales del Estado, o de un proyecto favorecido por cercanías políticas y decisiones que hoy merecen ser investigadas con mayor profundidad?
Nota editorial: Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
