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El escándalo que rodea los programas sociales de la pasada administración comienza a tomar forma en los despachos del Ministerio Público. Las investigaciones sobre el manejo de fondos y planillas vinculadas a proyectos como Techos de Esperanza y los llamados “cash back” en planillas ya dejan un saldo preliminar de 12 funcionarios con medidas cautelares, mientras la Fiscalía Anticorrupción profundiza las pesquisas que podrían escalar hacia niveles más altos de responsabilidad.
Según fuentes ligadas al proceso, los funcionarios investigados formaron parte de la estructura administrativa durante el periodo anterior y habrían tenido participación directa en la gestión y ejecución de programas sociales que hoy están bajo lupa por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
Las medidas cautelares impuestas por las autoridades forman parte de una estrategia para asegurar la colaboración de los investigados mientras avanza el expediente que busca determinar cómo operaban las planillas y los posibles retornos de dinero dentro de la estructura administrativa.
El nombre que empieza a sonar
En medio de las investigaciones, el nombre del exministro Rogelio Paredes, quien estuvo al frente del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), vuelve a aparecer en conversaciones políticas y judiciales.
La pregunta que comienza a rondar en los círculos políticos es inevitable: ¿cómo pudieron desarrollarse presuntas irregularidades dentro de programas tan grandes sin que la máxima autoridad de la institución tuviera conocimiento?
Mientras caen los eslabones menores de la cadena administrativa, muchos observadores se preguntan si la investigación eventualmente subirá hacia los niveles de decisión política de la pasada gestión.
El delator que encendió la investigación
Una pieza clave en el avance del caso sería un exfuncionario identificado como “Omar”, quien según fuentes judiciales se habría convertido en testigo protegido del Ministerio Público.
Alias “Omar” habría decidido colaborar con la Fiscalía, aportando información que permitiría reconstruir cómo operaban las planillas y los mecanismos internos que hoy son investigados.
Su testimonio, según versiones cercanas al expediente, habría sido determinante para abrir nuevas líneas de investigación y para que la Fiscalía comenzara a armar el rompecabezas administrativo detrás de los programas bajo sospecha.
Programas sociales bajo la lupa
Entre los programas que aparecen en el expediente destacan iniciativas de alto impacto social como Techos de Esperanza, un proyecto creado para atender el déficit habitacional en comunidades vulnerables del país.
Sin embargo, investigadores analizan si dentro de estas estructuras administrativas se habrían utilizado planillas infladas o mecanismos de retorno de dinero, conocidos popularmente como “cash back”.
De comprobarse estas irregularidades, el caso podría convertirse en uno de los expedientes de corrupción administrativa más sensibles vinculados a programas sociales en los últimos años.
La investigación apenas comienza
Aunque por ahora las acciones judiciales se concentran en funcionarios de nivel operativo y administrativo, fuentes cercanas al proceso aseguran que la investigación continúa abierta y podría ampliarse.
Mientras tanto, el Ministerio Público sigue recopilando documentación, testimonios y registros administrativos que permitan determinar quiénes tomaban las decisiones y hasta dónde llegaban las responsabilidades dentro de la estructura institucional.
Por ahora, el cerco parece cerrarse lentamente.
Y en medio de ese cerco, un nombre comienza a escucharse cada vez con más fuerza: Rogelio Paredes.
Nota editorial: Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.
