Rogelio y Brands; ¿Pintura millonaria? Las sombras que rodean al programa “Recuperando Mi Barrio»

Mientras el país enfrenta una nueva etapa de fiscalización de los fondos públicos, el programa “Recuperando Mi Barrio” vuelve al centro del debate nacional, no por sus resultados visibles, sino por las serias dudas que hoy rodean su ejecución, sus costos y las personas que habrían estado detrás de su diseño y operación.

De acuerdo con fuentes de entero crédito ligadas al sector de la construcción y a exfuncionarios conocedores del proceso, el programa —vendido al país como una iniciativa de rehabilitación integral de comunidades— habría terminado reduciéndose, en muchos casos, a simples trabajos de pintura, facturados como reparaciones estructurales de alto costo.

Un programa, muchas preguntas

“Recuperando Mi Barrio” fue presentado públicamente como un plan para dignificar zonas populares mediante la recuperación de edificios y espacios comunitarios. Sin embargo, versiones que hoy circulan con fuerza indican que numerosas licitaciones millonarias habrían tenido como resultado intervenciones superficiales, sin atender daños estructurales reales en los inmuebles intervenidos.

Las licitaciones se habrían gestionado a través de CONADES, mientras que los pagos a los contratistas eran ejecutados por el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), una dualidad administrativa que hoy genera cuestionamientos sobre quién supervisaba qué y dónde quedaron los controles técnicos.

Los nombres que se repiten

Fuentes consultadas señalan que el programa habría sido conceptualizado originalmente por el exdiputado Héctor Brands, hoy bajo el escrutinio público por procesos judiciales que incluyen señalamientos de enriquecimiento injustificado y lavado de dinero, según información publicada recientemente en medios nacionales.

En ese contexto, comienzan a surgir versiones no oficiales, pero insistentes, que mencionan una posible red de intereses que habría involucrado a:

• Rogelio Paredes, exministro del MIVIOT
• Alexander Mojica, quien habría fungido como asesor cercano al despacho ministerial
• Un grupo de empresas contratistas, presuntamente creadas o vinculadas a los mismos actores políticos y operadores del programa

El supuesto “peaje” del 20%

Entre las versiones más delicadas que hoy circulan —y que deberán ser comprobadas por las autoridades— está la de un presunto cobro del 20% del valor de cada proyecto a contratistas, supuestamente gestionado a través de intermediarios cercanos al poder.

Estas afirmaciones, según las fuentes, forman parte de comentarios recurrentes en el sector, aunque hasta el momento no han sido confirmadas oficialmente por una investigación penal concluida, razón por la cual este medio las presenta como parte de las líneas que deben ser investigadas, no como hechos probados.

¿Reparaciones o maquillaje urbano?

Uno de los puntos más sensibles es el desfase entre lo cobrado y lo entregado. Según testimonios recogidos, muchos edificios habrían sido pintados y remozados superficialmente, mientras los contratos y pagos reflejarían obras de rehabilitación integral, una diferencia que, de confirmarse, podría traducirse en lesión patrimonial al Estado.

“Se pagó como si se reparara, pero se entregó como si se maquillara”, resume una fuente técnica consultada.

Auditorías y silencios

Recientemente, se ha informado que el programa está siendo objeto de auditorías, lo que abre la puerta a que estas versiones pasen del terreno del rumor al de los hallazgos documentales.
Hasta ahora, no se ha hecho público un informe final que aclare:

• Cuántos contratos se adjudicaron
• A qué empresas
• Por qué montos
• Y si lo ejecutado coincide con lo contratado

Este medio intentó obtener la versión de los exfuncionarios mencionados, sin obtener respuesta al cierre de esta publicación.

El país espera respuestas

En un momento en que Panamá exige transparencia y rendición de cuentas, el caso “Recuperando Mi Barrio” se perfila como una prueba clave para saber si el discurso social fue utilizado como fachada para negocios privados, o si las irregularidades quedarán, una vez más, sepultadas bajo capas de pintura… y silencio.

Las autoridades tienen ahora la palabra.

Nota editorial

Este artículo se basa en información proveniente de fuentes judiciales, documentos en investigación y seguimiento periodístico, y se publica en estricto apego al principio de presunción de inocencia.