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Las recientes denuncias públicas de la abogada Karisma Karamañites, sumadas a declaraciones atribuidas al embajador de los Estados Unidos en Panamá, han reavivado el debate sobre la posible intromisión mediática y presiones indebidas en procesos judiciales y electorales, particularmente aquellos relacionados con el expresidente Ricardo Martinelli.
Karamañites ha señalado de manera directa la influencia de determinados medios de comunicación en el clima político y judicial del país, denunciando que estos habrían actuado más allá de su rol informativo, incidiendo —según sus palabras— en la percepción pública y en el curso de decisiones institucionales durante momentos clave del proceso electoral y judicial.
Señalamientos de extorsión y presiones mediáticas
A estas denuncias se suma una declaración que ha generado especial atención: la referencia del embajador estadounidense a supuestos actos de extorsión provenientes del diario La Prensa y de su exdirectora, Paulina Planells, lo que, de confirmarse en instancias correspondientes, colocaría en una nueva dimensión el rol de ciertos actores mediáticos en Panamá.
Aunque dichas afirmaciones no constituyen aún una resolución judicial, sí abren un precedente político y jurídico relevante, especialmente al provenir de una voz diplomática de alto nivel, lo que refuerza la necesidad de revisar con lupa el contexto en el que se desarrollaron varios procesos contra el exmandatario.
¿Una posible nulidad de procesos?
Expertos en derecho coinciden en que, si se lograra demostrar que existió intromisión mediática, presiones externas o manipulación de la opinión pública con fines políticos, podría configurarse una violación al principio de debido proceso, piedra angular del Estado de Derecho.
En ese escenario, Ricardo Martinelli tendría una ventana legal para solicitar la nulidad de algunos de los procesos que se le han seguido, argumentando que estos no se desarrollaron en un ambiente de imparcialidad, independencia y garantías plenas.
Más que un caso personal, un debate institucional
Más allá de la figura de Martinelli, este nuevo capítulo plantea una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar la influencia de los medios de comunicación en la justicia y la política sin vulnerar la democracia?
Las denuncias de Karamañites y las declaraciones provenientes del ámbito diplomático internacional colocan sobre la mesa la necesidad de revisar la relación entre poder mediático, justicia y política, así como de garantizar que ningún ciudadano —independientemente de su peso político— sea juzgado fuera de los márgenes de la ley.
Un escenario que podría redefinir el panorama político
Mientras el país observa con atención, lo cierto es que estas revelaciones fortalecen la narrativa de persecución política que por años ha sostenido el expresidente Martinelli y abren un nuevo escenario que podría tener consecuencias legales, políticas y electorales de gran alcance.
Panamá se enfrenta, una vez más, al desafío de demostrar que sus instituciones son capaces de actuar con independencia, transparencia y justicia, incluso cuando los casos involucran a figuras que han marcado la historia reciente del país.
