Mientras Panamá enfrentaba una de las peores crisis sanitarias de su historia, un grupo de políticos y empresarios sin escrúpulos convirtió el dolor nacional en un negocio redondo. El gobierno de Laurentino “Nito” Cortizo no solo falló en proteger a su pueblo: lo traicionó en su momento más vulnerable.
El saqueo bajo la sombra del virus
Mientras el pueblo panameño se mantenía encerrado, con miedo y esperanza, las instituciones del Estado se transformaron en maquinarias de lucro. Se inflaron contratos de limpieza hospitalaria, se facturaron a precios de oro los servicios en hoteles donde se recluía a contagiados, y se firmaron convenios oscuros para la compra y traslado de vacunas, incluso en el propio aeropuerto, donde la corrupción se disfrazó de logística humanitaria.
Cada mascarilla con sobreprecio, cada bolsa solidaria adulterada, cada hotel contratado a dedo, fue una afrenta directa al dolor de miles de familias. No fue una improvisación: fue una estrategia sistemática de saqueo bajo el amparo del estado de emergencia.
El país se detuvo, pero el negocio siguió
Mientras las calles estaban vacías y los ciudadanos contaban sus ahorros para sobrevivir, las manos de unos pocos contaban millones. Se repartieron tierras de la nación como si fueran botín de guerra; se manipularon vales digitales para enriquecer campañas políticas disfrazadas de ayuda social; y se montaron estructuras paralelas para desviar fondos públicos bajo el argumento de “agilidad” y “respuesta inmediata”.
El país estaba paralizado, pero la corrupción no descansaba. Panamá sufrió dos pandemias al mismo tiempo: la del virus… y la del robo institucionalizado.
La corrupción como crimen de lesa humanidad
La corrupción en tiempos de pandemia no es una simple falta ética ni un delito administrativo. Es un acto de lesa humanidad, porque atentó contra la vida y la dignidad de todo un pueblo.
Mientras los médicos se jugaban la vida sin insumos, mientras familias lloraban sin poder despedirse de sus muertos, hubo quienes aprovecharon el caos para llenar sus bolsillos.
Esa traición al pueblo panameño no prescribe, ni en la conciencia colectiva ni ante el tribunal moral de la historia.
No hay perdón divino para quienes lucraron con la tragedia
No puede haber excusas ni discursos de victimización. Hoy muchos de esos mismos responsables intentan mostrarse como perseguidos políticos, como almas puras injustamente señaladas. Pero el país recuerda.
Recuerda quiénes firmaron los contratos, quiénes cobraron por limpiar hospitales que siguieron sucios, quiénes vendieron vacunas con sobreprecio y quiénes se enriquecieron con el miedo y la muerte.
No hay perdón divino para quienes traicionaron al pueblo en su hora más oscura. No hay argumento jurídico que pueda absolverlos del peso moral de haber convertido una emergencia sanitaria en un festival de corrupción.
El pueblo panameño merece justicia, no discursos. Merece memoria, no amnesia. Y merece saber que ningún crimen cometido en nombre de la pandemia quedará impune.
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