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Panamá fue testigo ayer de una decisión que marca un antes y un después en la forma de ejercer el poder. El presidente José Raúl Mulino ordenó tomar control de dos puertos administrados por PPC, acatando un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Sin titubeos. Sin excusas. Sin comunicados tibios. Con determinación.
Y allí está la diferencia.
Venimos de un gobierno que muchos bautizaron como el de la “Leche Condensada”: dulce en el discurso, espeso en la ejecución y pegajoso en la falta de carácter. Durante la administración de Laurentino “Nito” Cortizo, el país observó cómo se acumulaban cuestionamientos sobre concesiones, contratos y presuntos abusos sin que hubiese una reacción firme y contundente del Ejecutivo. El silencio institucional fue interpretado por muchos como permisividad.
Hoy el mensaje es otro.
Mulino no actuó por impulso político ni por presión mediática. Actuó bajo el amparo de un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Eso es Estado de Derecho. Eso es institucionalidad. Eso es gobernar.
Tomar control de infraestructuras estratégicas como puertos no es una decisión menor. Implica enfrentar intereses económicos poderosos, asumir costos políticos y enviar señales claras a inversionistas y ciudadanos. Pero también implica algo fundamental: demostrar que en Panamá las reglas se respetan, y que cuando la máxima instancia judicial falla, el Ejecutivo ejecuta.
La diferencia entre un gobierno ausente y uno presente no está en los discursos; está en las decisiones difíciles.
Durante años, sectores empresariales y ciudadanos denunciaron supuestas irregularidades y condiciones contractuales que, a su juicio, no beneficiaban al país. El reclamo era claro: ¿quién defiende los intereses del Estado? La respuesta llegó ayer.
Mulino ha dejado claro que no gobernará mirando hacia los lados. Gobernará de frente.
Este acto no debe leerse como una confrontación ideológica ni como un ataque a la inversión privada. Por el contrario, es una señal de seguridad jurídica real. Porque la verdadera seguridad jurídica no es proteger privilegios; es hacer cumplir la ley, incluso cuando incomoda.
Panamá necesita autoridad con fundamento legal. Necesita decisiones que transmitan confianza. Necesita liderazgo.
Pasamos de la pasividad al carácter.
De la ambigüedad a la firmeza.
De la leche condensada al paso firme.
En política, el estilo es fondo. Y ayer quedó claro que el país tiene un presidente dispuesto a ejercer el poder con determinación.
Panamá no necesita más administradores del silencio.
Necesita gobernantes que, cuando la Corte habla, actúan.
Y eso fue exactamente lo que vimos.
