En Panamá hay dos realidades.
Y Gabriel “Gaby” Carrizo parece vivir cómodamente en una de ellas.
Hoy, el exvicepresidente alza la voz para exigir respeto al debido proceso. Lo hace —según reportes públicos— desde la comodidad de una detención domiciliaria en un penthouse de Costa del Este, amplio, exclusivo, lejos del calor, del hacinamiento… y de la realidad que enfrentan otros.
Porque mientras algunos investigados duermen en espacios reducidos, compartiendo celda con delincuentes comunes, Carrizo cumple medidas en condiciones que muchos panameños jamás podrían siquiera imaginar.
Y ahí es donde la indignación empieza a hervir.
Porque el debate no es solo legal.
Es moral.
Durante su paso por el poder, su nombre quedó atado —en la conversación pública, mediática y política— a una serie de señalamientos que todavía hoy generan ruido:
Millones destinados a ayudas sociales que, según múltiples denuncias ciudadanas, nunca llegaron completos o simplemente no llegaron.
Contrataciones que levantaron cejas, como el caso ampliamente cuestionado de mascarillas con precios inflados o servicios durante la pandemia que, para muchos, resultaban difíciles de justificar.
Gastos millonarios en logística, hoteles y operaciones en medio de una crisis sanitaria donde, mientras algunos facturaban… otros enterraban familiares.
Todo esto forma parte del relato que la gente no ha olvidado, aunque la justicia aún no haya emitido condenas definitivas.
Y entonces viene la pregunta incómoda:
¿Qué “debido proceso” pide hoy Carrizo?
¿El mismo que exige garantías para él…
o el que muchos sienten que no existió cuando el dinero público era administrado sin suficiente transparencia?
Porque mientras él habla de derechos —válidos en cualquier Estado de Derecho— el país recuerda otra palabra:
responsabilidad.
Responsabilidad por decisiones.
Responsabilidad por el manejo de recursos.
Responsabilidad por una época donde el dolor de la pandemia coincidió con denuncias de despilfarro.
Hoy, Carrizo pide tiempo, justicia y respeto a las reglas.
Pero en la calle, el ciudadano común pide algo más simple… y más poderoso:
explicaciones.
Porque el problema no es solo lo que diga un juez mañana.
El problema es lo que el país ya sintió ayer.
Y eso… no se borra con un comunicado.
Ni con un penthouse.
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