Panamá Noticias Network Panamá Noticias Network, Tu Portal con las Mejores Noticias de Panamá y el Mundo.
Related Articles
La reciente demanda interpuesta por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) para disolver al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) ha sacudido el tablero político y sindical del país. La noticia no es menor. Hablamos del sindicato más poderoso, influyente y polémico de las últimas décadas en Panamá.
La acción legal, sustentada en el artículo 392 del Código de Trabajo, plantea que Suntracs ha desviado su función sindical para incurrir en actos que van desde violencia hasta presuntas estafas y uso indebido de fondos. Pero más allá del morbo o la emoción de titulares estridentes, esta situación amerita una reflexión profunda, desapasionada y responsable.
¿Qué está realmente en juego?
Lo que se está discutiendo no es solo el destino de una organización con miles de afiliados. Se está poniendo a prueba el equilibrio entre el derecho a la libre asociación sindical y la capacidad del Estado de garantizar que esa libertad no se convierta en abuso.
Por un lado, el Ministerio de Trabajo tiene la enorme responsabilidad de probar con evidencias contundentes que Suntracs ha violado la ley de manera reiterada, abandonando sus fines legítimos como organización sindical.
Por otro lado, el sindicato tiene el derecho —y la obligación— de defender su trayectoria, estructura y legalidad, demostrando que ha actuado dentro del marco que le otorga la Constitución y el Código de Trabajo.
La carga de la prueba está del lado del Estado. Y esa prueba debe ser robusta, clara, innegable. Porque disolver un sindicato no es simplemente cerrar una oficina: es afectar la representación de miles de trabajadores, y potencialmente abrir un precedente delicado para la libertad sindical en el país.
Un caso sin precedentes modernos
La historia de Panamá recuerda episodios de persecución política y sindical —como en el caso del sindicato bananero en Chiriquí o el Partido Comunista— pero nunca antes un gobierno democrático se había atrevido a intentar la disolución legal de una organización como Suntracs.
El proceso judicial será rápido en su primera etapa, gracias a la vía especial abreviada. En 15 días podría haber un fallo de primera instancia. Sin embargo, el caso podría escalar al Tribunal Superior de Trabajo y, eventualmente, a la Corte Suprema de Justicia. Por tanto, lo que se avecina no es solo un juicio sindical: es un debate nacional sobre los límites del poder y los alcances del sindicalismo moderno.
Entre la calle y el Código
Suntracs ha sido históricamente una fuerza de calle, de presión, de confrontación. Ha logrado beneficios históricos para los trabajadores, pero también ha sido acusado de paralizar ciudades, violentar derechos ajenos y politizar sus acciones más allá de lo sindical.
El Estado, por su parte, ha fallado por años en fiscalizar con firmeza los excesos de algunos gremios. Pero eso no le otorga carta blanca para extralimitarse. La protesta social es legítima. El caos no. El sindicalismo es esencial. La impunidad no.
¿Y ahora qué?
Lo que se viene no puede resolverse solo con abogados. Se necesita madurez institucional. Este es el momento para que:
- El Poder Judicial actúe con imparcialidad.
- El Mitradel demuestre que su acción no es política ni revanchista, sino legal y documentada.
- Suntracs demuestre que sigue siendo un sindicato, no un aparato paralelo de poder político y económico.
- La sociedad civil exija respeto tanto al orden como a la justicia.
CONCLUSIÓN
Estamos ante un punto de quiebre.
Panamá no necesita más confrontación estéril.
Necesita instituciones firmes, sindicatos comprometidos con su misión, y un Estado que no le tema a la justicia… pero que tampoco abuse de ella.
Si Suntracs ha cometido excesos, debe responder.
Si el gobierno quiere dar un golpe simbólico, debe frenarse.
Porque lo que está en juego es mucho más que un sindicato:
Es el equilibrio mismo de nuestra democracia laboral.
