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En toda democracia madura, el derecho a la protesta es un pilar esencial. Es legítimo y necesario que los ciudadanos levanten su voz cuando sienten que el Estado les falla. Y sí, protestar por la falta de agua potable —como lo hicieron residentes del sector Tocumen liderados por la representante Arielis Barría— es comprensible. El acceso al agua es un derecho humano, y nadie sensato puede minimizar décadas de abandono institucional sobre este tema.
Pero una cosa es protestar, y otra muy distinta es bloquear carreteras, interrumpir el libre tránsito de miles de personas inocentes, impedir el paso de ambulancias, escolares, trabajadores y comerciantes. La protesta no puede convertirse en un arma contra la sociedad. Ni la desesperación puede justificar la anarquía.
Lo que ocurrió ayer no puede analizarse a la ligera.
Según reportes públicos, la representante de corregimiento Arelis Barría, en medio de una manifestación, habría sido supuestamente agredida por unidades policiales. Sin embargo, videos, declaraciones e informes preliminares apuntan a que la Policía Nacional actuó dentro del marco de sus competencias para restablecer el tránsito interrumpido por un grupo reducido de personas que cerraba vías claves del país.
Aquí debemos ser muy claros: la Policía Nacional no reprime a la ciudadanía, sino que garantiza que el país funcione.
En momentos como este, la figura del Director General Jaime Fernández se fortalece. Ha demostrado liderazgo institucional, equilibrio y una visión clara del rol de la Policía en una democracia: actuar con firmeza, pero con respeto a los derechos humanos; contener, pero no provocar; y sobre todo, hacer valer el principio básico de convivencia: los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos de los demás.
¿Cuántos niños no pudieron regresar a casa de La Escuela por esos cierres?
¿Cuántas Urgencias Médicas no llegaron a tiempo?
¿Cuántos trabajadores informales perdieron el ingreso del día por protestas que no fueron pacíficas ni constructivas?
La falta de agua potable es un problema real, pero también es un problema heredado por gobiernos anteriores, producto de la desinversión, la improvisación y la negligencia histórica. Pretender culpar a una administración que apenas inicia su gestión, es simplemente politizar una tragedia y manipular el descontento popular.
Las demandas sociales son válidas, pero deben canalizarse por vías institucionales, no por la fuerza. Y si algo necesita este país, hoy más que nunca, es orden.
Por eso hacemos un llamado firme y claro:
Que se investigue cualquier exceso policial, como corresponde.
Que se respeten las instituciones, porque sin ellas, no hay país.
Y que se reconozca el trabajo silencioso, valiente y estratégico de los agentes de policía que día a día enfrentan el desorden, la violencia y el caos, sin caer en provocaciones.
No se construye democracia atacando a quienes velan por el cumplimiento de la ley.
No se construye justicia afectando a miles por las demandas de unos pocos.
No se construye país descalificando al Estado por reflejo ideológico.
Panamá necesita soluciones, sí. Pero las necesita en orden. Con paz. Y con respeto.
El caos no es protesta. La violencia no es política. El chantaje no es herramienta social.
Por eso hoy, más que nunca, respaldamos el principio inquebrantable del Estado de Derecho:
El orden no se negocia. El libre tránsito es sagrado. Y la Policía Nacional no es el enemigo.
