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El presidente José Raúl Mulino ha dado un paso valiente y contundente al anunciar hoy una denuncia penal ante el Ministerio Público por sobrecostos millonarios en el proyecto del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Ese gigantesco puente atirantado, que está ejecutándose a un costo estimado de $2 137 millones, reveló un sobre precio a través de la conocidos Equilibrios Contractuales de $1 800 millones inflados al presupuesto, atribuibles directamente a decisiones tomadas por la gestión anterior.
Este desfalco no es apenas un desorden burocrático o una mala planificación. Es un saqueo institucional: cambios unilaterales y sin planificación, impulsados por el exministro del MOP, Rafael Sabonge, durante la administración de Laurentino Cortizo, que agregaron túneles y estructura al proyecto con argumentos que prometían ahorrar entre $500 y $600 millones, pero terminaron generando un gasto 300 % mayor al prometido.
¿Responsables directos?
- Exministro Sabonge: responsable técnico de los rediseños que inflaron los costos sin justificar.
- Laurentino Cortizo: como presidente en ese momento, debe responder por no revisar los cambios sustanciales.
- Gaby Carrizo (vicepresidencia/mecánica política) y otros funcionarios vinculados al MOP: cargan con la responsabilidad política y debe rendir cuentas por la opacidad en los contratos.
¿Qué se perdió?
Con los $1 800 millones inflados, Panamá pudo haber construido decenas de escuelas, hospitales, carreteras e invertido en desarrollo social. En cambio, esos recursos fueron “malbaratados”, según Mulino, y hoy se remueven con esfuerzo las ruinas de decisiones mal intencionadas.
La luz al final del túnel
Mulino ordenó rescatar la obra: generar 3 000 empleos mientras se revisa y audita. Su compromiso es claro: investigar, sancionar y avanzar. El MOP de José Luis Andrade será el organismo clave que entregará el informe al MP para que se activen las investigaciones.
Una señal a Panamá
Este anuncio es más que una denuncia; es un mensaje de que nadie está por encima de la ley. Es una señal inequívoca de que la corrupción del pasado no quedará impune. Panamá exige transparencia, no impunidad. Exige justicia, no silencio cómplice.
A los responsables: la fiscalía está observando. Si este país quiere dejar de caer en el ciclo perenne de contrataciones infladas, es hora de cortar la podredumbre de raíz.
Redacción PNN
Con firmeza, con sentido, con país.
¿Estás de acuerdo con que investiguen a los exfuncionarios responsables del sobrecosto de $1,800 millones en el Cuarto Puente?
