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La descentralización en Panamá nació con la mejor de las intenciones: llevar recursos y soluciones a las comunidades, reducir la burocracia centralizada y dar poder real a las autoridades locales para resolver los problemas cotidianos de sus corregimientos. Era, sin duda, una apuesta por la eficiencia, la participación ciudadana y la democracia de base.
Pero como suele pasar en este país, lo que comenzó como una herramienta noble, terminó siendo corrompida por la política de la trampa y el clientelismo. Hoy nos enfrentamos a una vergonzosa realidad: más de 280 denuncias formales y más de 200 millones de dólares distribuidos por el gobierno de Laurentino «Nito» Cortizo están bajo investigación, presuntamente desviados, mal utilizados o, sencillamente, saqueados desde las Juntas Comunales.
Los informes preliminares del actual Gobierno del Presidente José Raúl Mulino y de entidades fiscalizadoras como la Contraloría y el Ministerio Público muestran un patrón preocupante: juntas comunales que recibieron millones sin capacidad operativa, sin rendición de cuentas, sin planificación y, peor aún, sin control previo real.
Muchos de estos fondos, en lugar de haberse traducido en aceras, calles, becas o programas de ayuda social, se esfumaron en contratos inflados, obras fantasmas, sobreprecios, facturas falsas, fundaciones fachadas o simplemente fueron redireccionados a campañas políticas, compra de lealtades o bolsillos particulares.
¿Dónde estaban los mecanismos de auditoría? ¿Quién firmó los desembolsos sin supervisión? ¿Quiénes se enriquecieron a costa de la esperanza de los barrios más humildes? La descentralización no es mala. Lo malo es cuando se descentraliza el botín para repartirlo entre amigos.
Este no es un ataque político. Es una alerta nacional. No podemos permitir que un modelo creado para el desarrollo local se convierta en la caja chica de políticos corruptos. Lo que está en juego no son solo los 200 millones de dólares, sino la confianza de los ciudadanos en el Estado.
Hoy exigimos que se publiquen los nombres de los representantes y alcaldes beneficiados, las empresas contratistas involucradas, y que se abran procesos judiciales sin privilegios ni encubrimientos. La justicia no puede seguir siendo selectiva.
El Presidente Mulino ha prometido un gobierno de paso firme. Pues bien, ha llegado el momento de pisar fuerte en este escándalo. Las juntas comunales deben seguir siendo parte del sistema de desarrollo, pero con reglas claras, transparencia total y sanciones ejemplares.
Panamá no puede seguir siendo rehén de los mismos ladrones de siempre con diferentes banderas. El que usó el poder para robar debe responder. Y el que quiere gobernar decentemente debe limpiar la casa.
Porque cuando los políticos convierten lo bueno en malo, es el pueblo el que siempre pierde. Y esta vez, no lo podemos permitir.
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Por el equipo editorial de Panamá Noticias Network
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