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La entrega de Gabriel Carrizo, exvicepresidente de la República, marca un punto de inflexión en uno de los expedientes judiciales más sensibles de los últimos años en Panamá. Más allá del impacto mediático del caso, el escenario que hoy enfrenta Carrizo abre una pregunta inevitable: ¿le conviene colaborar con la justicia como estrategia de defensa?
Según información que circula en ámbitos judiciales y políticos, Carrizo estaría vinculado a seis denuncias, cinco de ellas en estado avanzado de investigación, y una sexta —la más reciente— que habría motivado la orden de aprehensión ejecutada en las últimas horas. De prosperar este último proceso, el exfuncionario podría enfrentar hasta seis meses de detención preventiva, mientras avanzan las diligencias.
En este contexto, toma fuerza una figura contemplada en el ordenamiento legal panameño: la colaboración eficaz (conocida popularmente como delación). Una herramienta legítima que, en casos complejos de presunto enriquecimiento ilícito y redes de complicidad, permite a un imputado aportar información clave a cambio de beneficios procesales.
Las investigaciones, siempre bajo el principio de presunción de inocencia, también salpican a su círculo más cercano. En expedientes en curso se menciona a su esposa, Julieta Spieguel, como presunta cómplice secundaria, así como a familiares directos, entre ellos su suegro y hermanos. Un escenario que transforma el caso de una defensa individual en una batalla por proteger a su entorno familiar.
Es allí donde la colaboración aparece no solo como una estrategia legal, sino como una decisión política y personal. Entregar información sobre empresarios y figuras políticas que presuntamente se habrían beneficiado de esquemas irregulares podría redefinir el rumbo del proceso, ampliar el alcance de las investigaciones y, eventualmente, reducir el impacto penal sobre su familia.
La historia reciente demuestra que cuando un alto exfuncionario decide hablar, el tablero completo se sacude. Panamá atraviesa una etapa donde la ciudadanía exige algo más que nombres rimbombantes: exige verdad, responsabilidades y consecuencias.
Por ahora, todo está en el terreno de la especulación razonada. La decisión está en manos de Gabriel Carrizo. Callar y resistir, o colaborar y revelar. Dos caminos. Ambos con costos. Uno de ellos, quizá, con una salida menos devastadora para los suyos.
El país observa. La justicia también.
