Cuando las instituciones chocan, pierde la Nación

Lo ocurrido ayer entre la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no puede ni debe ser interpretado como un episodio aislado. Es, en esencia, un síntoma preocupante de una enfermedad más profunda: la peligrosa personalización del poder dentro de instituciones que, por mandato constitucional, están llamadas a servir al país, no a enfrentarse entre sí.

La imagen de un Contralor acudiendo personalmente a retirar a sus auditores de una entrevista que, según su percepción, se había transformado en una suerte de indagatoria donde quienes debían fiscalizar parecían estar siendo tratados como sospechosos, en lugar de actores en defensa del interés público, es, por sí sola, alarmante. Más aún cuando esos auditores representan, en teoría, la primera línea de defensa del patrimonio del pueblo panameño.

Pero igual de inquietante resulta el comunicado posterior de la Procuraduría, anunciando una investigación sobre lo sucedido, que en la práctica parece girar más en torno a las acciones del Contralor que a esclarecer objetivamente los hechos. Esto, lejos de calmar las aguas, profundiza una percepción de confrontación institucional que no le hace bien a nadie.

Aquí no hay espacio para interpretaciones complacientes: lo que estamos presenciando es un choque entre dos órganos que deberían ser aliados naturales en la defensa del Estado de Derecho. La Contraloría y la Procuraduría no son adversarios. Son, o deberían ser, dos pilares complementarios en la lucha contra la corrupción, la impunidad y el mal uso de los recursos públicos. Y si es cierto lo denunciado por el Contralor en este caso de Alto Perfil hay que poner un Alto YA.

Cuando estos pilares se enfrentan, el mensaje que recibe la ciudadanía es devastador: desconfianza, incertidumbre y la sensación de que los intereses personales o institucionales están por encima del bien común.

Este editorial no pretende tomar partido. Pretende hacer un llamado firme, urgente y sin ambigüedades a la cordura.

Panamá atraviesa un momento donde el país necesita cohesión, dirección y madurez institucional. El presidente José Raúl Mulino ha planteado un proyecto de nación que exige disciplina, coherencia y, sobre todo, alineación entre las instituciones clave del Estado. Ese proyecto no puede sostenerse si quienes deben ejecutarlo se encuentran enfrascados en disputas de poder o interpretaciones encontradas de sus roles.

En democracia, los egos personales son un lujo que no se puede permitir. Mucho menos cuando están en juego la credibilidad institucional y la confianza ciudadana.

Ni el Contralor ni el Procurador están por encima del país. Ninguno de los dos puede actuar como si su institución fuera un feudo independiente. Ambos tienen una responsabilidad histórica: demostrar que Panamá ha madurado lo suficiente para que sus instituciones trabajen en conjunto, incluso en medio de diferencias, siempre con un objetivo superior.

El país no necesita más confrontación. Necesita coordinación. No necesita protagonismos. Necesita resultados.

Es momento de bajar el tono, de revisar procedimientos, de establecer canales claros de cooperación y, sobre todo, de recordar que el verdadero “cliente” de ambas instituciones es el pueblo panameño.

Si algo debe quedar claro después de este episodio es que la institucionalidad no puede ser rehén de percepciones personales ni de reacciones impulsivas de ninguna de las partes. La firmeza que hoy exige Panamá no es la de confrontar, sino la de construir.

Porque cuando las instituciones chocan, no gana nadie. Pierde Panamá.

Llegó la hora de crear una Fiscalía de Casos de Alto perfil con un Procurador Especial, ¿que opinas?