La construcción de la sede regional de la Contraloría General de la República en David, Chiriquí, que debería representar transparencia y control del gasto público, hoy está rodeada de preguntas que inquietan a la ciudadanía.
Documentos relacionados con la venta del terreno donde se levantó el edificio, así como los contratos adjudicados a la empresa constructora encargada de la obra, han generado interrogantes sobre aumentos posteriores mediante adendas, incrementando significativamente el costo inicial del proyecto.
Lo que más llama la atención es que, en medio de estas transacciones, aparecen nombres vinculados al círculo familiar y político del poder reciente, incluyendo a Guillermo Carrizo, hermano del exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
¿Coincidencias o conexiones?
En Panamá, el problema no es solo la obra pública, sino la repetida percepción de que ciertos contratos terminan beneficiando siempre a los mismos grupos empresariales y familiares.
La presencia de apellidos como Carrizo, Anguizola y Mariño dentro del entramado de relaciones comerciales y políticas abre la puerta a una pregunta inevitable:
👉 ¿Quién realmente se beneficia del dinero público?
Adendas: el mecanismo favorito
Las adendas se han convertido en una práctica frecuente en proyectos estatales:
un contrato se adjudica con un monto inicial, pero luego se incrementa con modificaciones que elevan el costo final.
En este caso, el aumento otorgado a la constructora responsable de la sede en David merece una explicación clara:
- ¿Por qué se aumentó el contrato?
- ¿Qué motivó la adenda?
- ¿Quién autorizó el incremento?
- ¿Hubo competencia real?
Transparencia pendiente
La Contraloría, institución llamada a fiscalizar el gasto, no puede estar bajo sospecha en su propia casa.
La ciudadanía merece acceso completo a:
- contrato original
- monto adjudicado
- adendas aprobadas
- propietarios del terreno vendido
- vínculos empresariales y familiares
Porque cuando el dinero del Estado circula siempre entre los mismos apellidos…
la confianza pública se derrumba.
Panamá no necesita más escándalos, necesita respuestas.
Y mientras las obras públicas sigan oliendo a “todo queda en familia”,
la transparencia seguirá siendo solo un discurso.
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