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La audiencia de imputación contra un grupo de estudiantes investigados por presuntas irregularidades en la recepción de auxilios económicos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) ha sido pospuesta hasta el próximo 11 de noviembre. La suspensión se debió a un error administrativo interno de la Oficina Judicial, que no convocó a un juez de garantías ni asignó una sala para la diligencia programada inicialmente para este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora.
Según fuentes judiciales, la ausencia de la asignación de sala y juez impidió la realización del acto procesal. La reprogramación se anunció durante una breve sesión a la que asistieron tres de los trece estudiantes citados, incluyendo un modelo e influencer que habría recibido más de 24 mil dólares en concepto de auxilios económicos. El joven evitó responder a las preguntas de los medios sobre el destino de los fondos y la documentación que justificara su uso.
La nueva fecha para la audiencia se fijó para el 13 de noviembre a las 8:30 a.m. en la sala 2 del Sistema Penal Acusatorio. Este caso se enmarca en una investigación más amplia liderada por la Fiscalía Anticorrupción, que busca esclarecer el uso de los recursos otorgados durante la administración del exdirector del Ifarhu, Bernardo Meneses, actualmente detenido.
En total, 28 beneficiarios están siendo investigados por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, incluyendo peculado y peculado por extensión. Nueve de ellos ya han sido imputados. La auditoría realizada revela una lesión al erario público que supera los 24 millones de dólares, derivada de asignaciones irregulares a través del programa de auxilios económicos y becas.
Algunos abogados defensores han cuestionado la selectividad en la elección de los investigados, alegando que el proceso podría estar dirigido hacia ciertos individuos. Un abogado señaló que existen beneficiarios que recibieron sumas superiores a los $200,000 y no están siendo investigados, cuestionando la equidad del proceso judicial. Esta sería la cuarta audiencia relacionada con el caso, cuyo objetivo principal es determinar si los estudiantes utilizaron los fondos de acuerdo con los contratos establecidos y si realmente cursaron los estudios comprometidos.
El caso del Ifarhu ha generado gran controversia y ha puesto en tela de juicio la transparencia en la asignación de becas y auxilios económicos. La investigación busca determinar si hubo un desvío de fondos públicos y si se cometieron delitos contra la administración pública. La ciudadanía espera que la justicia actúe con celeridad y transparencia para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
