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El rol del Procurador en la fiscalización del sistema penitenciario
El Procurador General de la Nación ha confirmado el inicio de una serie de verificaciones exhaustivas dentro del Sistema Penitenciario tras las denuncias de anomalías en el programa conocido como ‘Parce’. Este mecanismo, que permite a los privados de libertad reducir sus condenas mediante el trabajo y el estudio, se encuentra bajo sospecha debido a la posible falsificación de certificados y la alteración de registros de horas acumuladas.
La intervención del Ministerio Público busca determinar si funcionarios o terceras personas han manipulado la plataforma digital para otorgar beneficios de forma ilícita. Según las declaraciones oficiales, la prioridad del despacho del Procurador es asegurar que cada día de rebaja de pena esté debidamente sustentado por actividades reales y verificables, evitando que la justicia sea burlada mediante actos de corrupción administrativa.
Impacto del caso Parce en la administración de justicia
El caso ha generado una profunda preocupación en la sociedad panameña, ya que el sistema Parce fue diseñado como una herramienta de resocialización y no como un atajo para la impunidad. El Procurador ha enfatizado que estas auditorías no solo revisarán los sistemas informáticos, sino también los expedientes físicos de los reclusos que han recibido beneficios recientemente. Esta acción coordinada pretende identificar brechas de seguridad en los protocolos de supervisión penitenciaria.
Medidas preventivas y sanciones
Además de las inspecciones técnicas, se espera que el equipo legal del Ministerio Público cite a declarar a personal clave del sistema penitenciario. El objetivo es deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones penales correspondientes a quienes resulten involucrados en esta red de irregularidades. La transparencia en la ejecución de las penas es fundamental para mantener la confianza en el sistema judicial y garantizar que la rehabilitación sea el eje central del tratamiento penitenciario en el país.
Finalmente, las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier acto sospechoso relacionado con la gestión de libertades condicionales o rebajas de pena, asegurando que se protegerá la identidad de los informantes en este proceso de saneamiento institucional.
