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El procurador general de la Nación, Luis Carlos Manuel Gómez Rudy, ha hecho un llamado urgente a la Asamblea Nacional de Panamá para que se priorice el debate y la aprobación de un conjunto de proyectos de ley destinados a fortalecer la independencia institucional del Ministerio Público y modernizar su estructura operativa. Según el procurador, estas reformas son cruciales para combatir la corrupción, que opera cada vez más como un sofisticado esquema de crimen organizado.
Gómez Rudy enfatizó que las iniciativas legales buscan proporcionar al Ministerio Público herramientas jurídicas más ágiles y eficaces para investigar y juzgar los delitos contra la administración pública. En una entrevista exclusiva, el procurador señaló que “las conductas criminales en materia de corrupción se han sofisticado. Ya no hablamos del funcionario que recibe un pago indebido, sino de estructuras organizadas con vínculos financieros y transacciones internacionales”.
Las propuestas impulsadas por Gómez Rudy incluyen modificaciones al Código Penal y la creación de una Ley General Anticorrupción, que introduce cambios sustanciales al Código Procesal Penal. Entre los ajustes más importantes, se plantea elevar las penas por delitos de corrupción y peculado, así como reducir los plazos de prescripción, que actualmente impiden llevar muchos casos a juicio. El procurador argumentó que la pena actual de dos a cuatro años de prisión para el delito de corrupción permite que este prescriba en solo seis años, un período demasiado breve que limita el tiempo de investigación y favorece la impunidad.
El procurador también destacó que Panamá está obligada por compromisos internacionales, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Convención de Mérida), a fortalecer su legislación interna y crear cuerpos normativos especializados. Un punto central del proyecto de Ley General Anticorrupción es la eliminación de la dependencia del Ministerio Público respecto al informe de la Contraloría para acreditar delitos como peculado o enriquecimiento injustificado. Actualmente, la Ley 59 de 1999 exige un informe previo de la Contraloría para iniciar este tipo de investigaciones, lo que el procurador considera un obstáculo que paraliza los procesos. “Si un funcionario entra al gobierno con un perfil económico y sale con otro, debe poder investigarse sin depender de ese informe”, enfatizó Gómez Rudy.
El proyecto también refuerza el principio de libertad probatoria, permitiendo que la lesión patrimonial se demuestre mediante inspecciones o registros bancarios, sin necesidad de un dictamen previo de la Contraloría. Según el procurador, eliminar esta “cortapisa” permitiría avanzar significativamente en las investigaciones. La propuesta de Ley General Anticorrupción también introduce medidas de protección para los denunciantes y sanciones para las entidades que retarden la entrega de información en los procesos investigativos.
“Queremos que el funcionario que denuncie no sea castigado, sino protegido”, explicó el procurador, añadiendo que se podrían implementar traslados a otras unidades o instituciones para salvaguardar su integridad. Además, todas las entidades públicas, privadas o mixtas estarán obligadas a entregar información solicitada por la Fiscalía dentro de plazos fijos, bajo la amenaza de sanciones judiciales.
Gómez Rudy advirtió que los esquemas de corrupción operan hoy con dinámicas similares a las del crimen organizado, moviendo dinero a través de bancos, empresas fachada y jurisdicciones extranjeras. Por ello, la reforma incorpora técnicas especiales de investigación, como interceptaciones, operaciones encubiertas, vigilancia y seguimiento, con control judicial, para desarticular las redes que operan desde las instituciones públicas. “Queremos poder grabar reuniones o acuerdos ilícitos en procesos de licitación”, afirmó.
En sus primeros diez meses de gestión, Gómez Rudy aseguró que el Ministerio Público ha iniciado una transformación interna en las fiscalías anticorrupción para mejorar la eficiencia y reducir los retrasos en la tramitación de expedientes. Se ha reforzado el personal fiscal y operativo, se han dividido los casos por nivel de complejidad y se ha aumentado la capacitación en delitos financieros y contrataciones públicas. Además, la Procuraduría ha impulsado una labor preventiva dirigida a los jóvenes, creando una guía infantil para comprender la corrupción y promoviendo el respeto por lo público desde temprana edad.
