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El presidente José Raúl Mulino anunció que presentará una denuncia penal por sobrecostos de $1,800 millones de dólares en la construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá, tras revelar que el gobierno anterior cambió unilateralmente el diseño original sin planificación adecuada.
Obra rescatada genera empleos y progreso
Durante una visita de supervisión este lunes, Mulino constató que el proyecto rescatado por su administración registra un avance del 21.23% y genera actualmente 1,077 empleos directos, cifra que aumentará a 3,000 trabajadores en la fase de mayor intensidad constructiva.
La megaobra consiste en un puente atirantado de acero y concreto de 965 metros de longitud total, complementado con viaductos y cuatro túneles. Con una inversión total de $2,137 millones de dólares, está programada para inaugurarse en agosto de 2028.
Denuncia por malversación millonaria
«Aquí se malbarataron $1,800 millones de dólares del pueblo panameño, pero pronto el Ministro de Obras Públicas entregará ese informe al Ministerio Público», declaró Mulino durante el recorrido por los frentes de construcción.
El mandatario explicó que el gobierno de Cortizo justificó el cambio de diseño argumentando un ahorro de 500 a 600 millones de dólares, pero en realidad generó sobrecostos por $1,800 millones adicionales. «Esto no tiene nombre», lamentó el presidente.
Impacto social y económico
La obra beneficiará directamente a dos millones de personas que actualmente enfrentan congestionamientos vehiculares para desplazarse entre la capital y el interior del país. Mulino destacó que los recursos malversados pudieron haberse destinado a construir «muchas escuelas, carreteras y hospitales».
«Lo vamos a terminar, pero esos son los costos de rescatar obras abandonadas sin ningún tipo de planificación ni organización; solo querían hacer los contratos, hacer lo que se iba a cobrar, y dejar al país engrampado», criticó el presidente.
Contraste con la crisis laboral
Durante su encuentro con los trabajadores del proyecto, Mulino contrastó el compromiso de estos obreros calificados que «trabajan por un mejor Panamá» con «otros vagos que se mantienen en paro laboral sin ninguna justificación», en clara alusión al conflicto en Bocas del Toro.
Esta denuncia se suma a otros casos de corrupción del gobierno anterior que la actual administración ha comenzado a investigar, demostrando su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos.
El cuarto puente representa una obra estratégica para la conectividad nacional y el desarrollo económico, pero su historia de sobrecostos evidencia los problemas de gestión que caracterizaron la administración pasada.
