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La investigación contra Nadia del Río, impulsada por la Fiscalía de los Delitos contra la Administración Pública, continúa revelando nuevos y alarmantes hallazgos que amplían el escándalo que sacude a Panamá.
Una nota oficial de la Corte Suprema de Justicia, firmada por su presidenta María Eugenia López Arias, confirmó la existencia de dieciséis (16) contratos de servicios de limpieza otorgados a la empresa Sicarelle Holdings, Inc. entre los años 2020 y 2024.
El documento, identificado con el número P.C.S.J. N° 1004-2025, fue remitido el 9 de octubre de 2025 a la fiscal Digna Castillo, quien lidera la investigación por presunta corrupción, tráfico de influencias y favorecimiento de contratos públicos durante el período gubernamental 2019–2024.
La Corte responde a la Fiscalía
En la misiva, la magistrada López Arias señala que, tras revisar los archivos administrativos del Órgano Judicial, se constató que Sicarelle Holdings, Inc. —una de las sociedades mencionadas en la carpeta N°202500057872— fue beneficiada con múltiples contrataciones de servicio, todas debidamente autenticadas.
Los registros adjuntos confirman contratos firmados año tras año, abarcando desde el Contrato N° 074-2020 hasta el N° 147-2024, consolidando un historial de contrataciones que ahora se encuentran bajo análisis por la Fiscalía Anticorrupción.
El hilo que conecta a Nadia del Río
La empresa Sicarelle Holdings, según la investigación inicial del Ministerio Público, estaría vinculada a una red de sociedades relacionadas con funcionarios del gobierno anterior, entre ellas Orujo S.A., Imperium Lex Legar Bureau, Supermercado El Milagro, Galinó Suárez S.A. y MR Legal Consulting.
Todas ellas, presuntamente, favorecidas en licitaciones y contratos estatales mediante tráfico de influencias.
Fuentes judiciales revelan que la Fiscalía sospecha que Nadia del Río habría intervenido para favorecer contratos públicos a empresas vinculadas a su entorno personal y sentimental, en complicidad con Alexander Hepburn y Juan Carlos Soto.
Una trama de poder, contratos y posibles favores políticos
El hecho de que la propia Corte Suprema haya certificado la existencia de los contratos eleva la gravedad del caso y refuerza la línea investigativa de la Fiscalía, que ya prepara nuevas diligencias para determinar si hubo beneficios económicos indebidos o desviación de fondos públicos.
En palabras de una fuente judicial consultada por PNN,
«Este documento confirma lo que hasta hace poco era una sospecha: hubo un patrón sistemático de adjudicaciones a una misma empresa, lo que podría configurar un esquema de corrupción estructurada dentro de la administración pública, conocido como División de Materia»
Lo que viene
La fiscal Digna Castillo deberá ahora evaluar los contratos autenticados y contrastarlos con las licitaciones del período 2019–2024. Se espera que en los próximos días sean llamados a declarar exfuncionarios, contratistas y representantes legales de las empresas señaladas.
Este nuevo capítulo coloca a Nadia del Río nuevamente en el centro de la tormenta judicial, en lo que podría convertirse en uno de los casos de corrupción más graves del último quinquenio.
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