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Los abogados Julio Macías y Norman Castro interpusieron ante la Corte Suprema de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley No. 5 de 16 de enero de 1997, que avala el contrato entre el Estado y Panama Ports Company.
Argumentos de la demanda
El recurso sostiene que el contrato vulnera 10 artículos de la Constitución, al priorizar intereses privados sobre el bienestar público. Según el abogado Norman Castro, se repiten los mismos vicios legales que llevaron a la anulación del contrato con Minera Panamá.
Uno de los puntos críticos es la posibilidad de que la empresa concesione terrenos en Diablo e Isla Telfers, lo que, según los demandantes, contraviene el artículo 259 de la Constitución, que regula la administración y explotación de bienes del Estado.
Antecedentes y posibles implicaciones
El fallo sobre Minera Panamá sentó un precedente en materia de contratos estatales, por lo que el caso de Panama Ports podría seguir un camino similar si la Corte encuentra méritos en la demanda. De ser declarada inconstitucional la ley, el contrato con la empresa portuaria quedaría sin efecto, lo que generaría un nuevo escenario en la administración de los puertos panameños.
